Zaldívar anuncia suspensión de magistrado por red de corrupción
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El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció ayer la suspensión de un magistrado del Primer Circuito por graves inconsistencias en sus finanzas, con lo cual se rompió, consideró, una red de presunta corrupción y se demostró que no hay intocables en el Poder Judicial de la Federación (PJF).
El también presidente del Consejo de la Judicatura informó igualmente de acciones contra el nepotismo, al cual calificó como un problema generalizado en todos los circuitos.
“Cero tolerancia a la corrupción en los hechos. No hay ni habrá tolerancia a los actos indebidos, seguiremos combatiendo el nepotismo y la corrupción”, sentenció en conferencia de prensa.
Respecto a la suspensión del magistrado, de acuerdo con informaciones periodísticas se trata de Jorge Arturo Camero Ocampo, quien presuntamente encabezaría una red de corrupción.
El citado juzgador, se informó, está relacionado con la revisión de amparos promovidos en contra de la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, en la base aérea de Santa Lucía.
Zaldívar no quiso mencionar el nombre del sancionado, “por respeto a la presunción de inocencia”, aunque sí enfatizó su importancia toda vez que labora en el Circuito más influyente del país.
“No habrá tolerancia a actos indebidos, seguiremos combatiendo el nepotismo y la corrupción e impulsando más jueces de calidad”
Arturo Zaldívar
Presidente de la SCJN
Dijo que la medida es sumamente relevante por sus contactos dentro y fuera del órgano judicial, y anticipó que las conductas indebidas no serán permitidas.
De acuerdo con el ministro, esto marca un antes y un después. “El Primer Ciurcuito del PJF había sido prácticamente intocable, es la primera vez que tomamos medidas y las seguiremos tomando. En esta administración no habrá intocables”.
Respecto a las acciones contra el nepotismo en el PJF, anunció otra determinación también tomada por el Consejo de la Judicatura Federal para modificar las reglas de selección, ratificación y permanencia de los jueces.
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En una inusual conferencia, convocada en la SCJN, Zaldívar aseguró que hay tribunales y circuitos que están “realmente inundados por redes familiares”, lo cual genera no pocos conflictos de interés. Incluso puso como ejemplo casos en los que hay hasta 20 parientes laborando.
Aseguró que se establecieron requisitos estrictos para tener un Poder Judicial de excelencia, con lo cual los buenos jueces y juezas serán ratificados, no así los negligentes, los no éticos o los que no se manejan con un estándar mínimo para merecer la confianza de la ciudadanía.
“En los hechos y no en las palabras demostramos la transformación en el Poder Judicial, pues éste será un mejor Poder, independiente, más cercano y más sensible para la gente, en el que se pueda confiar”, añadió.
En la conferencia de prensa, el ministro no quiso tocar el tema de la renuncia de Eduardo Medina Mora, a pesar de la insistencia de medios de comunicación.
En más de cinco ocasiones se le preguntó al respecto, pero el ministro declinó responder por, explicó, respeto a la decisión de quien fuera su colega. Tampoco quiso referirse a la designación del sustituto del ministro que dimitió.
El Dato: Luis María Aguilar, extitular de la Corte, asignado a la Primera Sala del máximo tribunal, asumirá la vacante que dejó Medina Mora en la Segunda, hasta que llegue el nuevo integrante.
Sin línea en relevo. En tanto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que no habrá línea en la terna que enviará al Senado para ocupar la vacante de Medina Mora. “El procedimiento establecido es que el Presidente envíe una terna al Senado para que decidan libremente”, expuso en conferencia.
Aseguró que aunque no les guste a los conservadores, ya no es como antes: “mandaban tres, pero uno era el agraciado, los otros iban de relleno; ya en Gobernación les decían a los líderes de las Cámaras ‘el presidente tiene interés en que se apoye a fulano, a mengano’, y cumplían”.
En Palacio Nacional reiteró que sus propuestas serán de gente honesta, íntegra, de confianza para los ciudadanos; no incondicionales de los servidores públicos; mujeres u hombres con criterio, cercanos al pueblo, no al poder.
…Y escala diferendo con FCH por presión en casos ABC y Cassez
El conflicto entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y el exmandatario federal Felipe Calderón crece.
Zaldívar insistió ayer que recibió presiones en el sexenio del panista, en particular por sus proyectos de resolución en los casos ABC y Florence Cassez.
Explicó que en su momento no lo hizo público porque iba a generar una crisis institucional y antepuso esa situación a una cuestión personal.
Agregó, sin embargo, que no se dejó presionar: “el antídoto contra las presiones es no ceder a ellas. Para presionarte deben tener algo con qué presionarte y yo no tengo nada de ello”, indicó.
En respuesta, Calderón Hinojosa publicó en sus redes sociales que su gobierno “fue respetuoso” de otros Poderes. Sostuvo que Zaldívar no ha revelado en qué consistieron las supuestas presiones.
En tuits previos, el exmandatario acusó un chantaje contra Eduardo Medina Mora vía el congelamiento de cuentas.
Al respecto, Santiago Nieto, titular de la UIF, aclaró “que el bloqueo de las cuentas del exministro se realizó después de su renuncia, por lo que lógicamente no pudo ser un mecanismo para que dimitiera”.
Acepta Hacienda ajustar la Miscelánea Fiscal
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Mario Alavez y Huan Luis Ramos | El Sol de México
La Secretaría de Hacienda de Arturo Herrera aceptó hacer cambios, en algunos casos de fondo, a la redacción de la Miscelánea Fiscal como parte de una negociación con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y su presidente Carlos Salazar Lomelín.
Uno de los puntos donde hubo receptividad de Hacienda para construir alternativas es en la propuesta que busca incorporar en el Código Fiscal de la Federación un título sobre la revelación de esquemas reportables. El sector privado había señalado que con esta disposición se obligaba a los asesores a reportar ante el Servicio de Administración Tributaria las estrategias que recomiendan a sus clientes para que estos obtengan beneficios fiscales.
De acuerdo con el CCE, otro de los temas en los que se ha trabajado y es posible ajustar es en la propuesta de reforma al Código Fiscal para limitar a partir de 2020 la deducibilidad de los intereses que pagan las empresas, a un 30 por ciento de la utilidad fiscal ajustada.
El secretario de Hacienda reconoció que algunas iniciativas integradas en la propuesta de Miscelánea Fiscal para el año entrante generaban confusión, por lo que trabajan con el sector privado para hacer ajustes que, en algunos casos, serán mayores.
“Nos dimos cuenta de que había confusiones y que probablemente necesitamos hacer un mejor trabajo en explicarlas (...) iniciamos un diálogo con el sector privado, a través de Carlos Salazar, nos dimos cuenta de que necesitábamos hacer cambios, en algunos casos cambios mayores, de fondo”, dijo en conferencia conjunta con el presidente del CCE.
Un punto en el que aún no hay consensos es el relativo a la reforma propuesta desde el Senado para sancionar con prisión preventiva oficiosa y hacer aplicable el régimen de delincuencia organizada (incluyendo extinción de dominio) a la defraudación fiscal y su equiparada.
El sector privado considera que se puede atacar a los grupos delincuenciales que se dedican a comercializar facturas, si se restringe la aplicación de este régimen a los delitos de venta de facturas y a los de defraudación fiscal y su equiparada, únicamente cuando se expidan o utilicen facturas que documenten operaciones inexistentes o simuladas.
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"Hacemos un llamado para ajustar la reforma y evitar con ello generar incertidumbre a la inversión productiva".
Al respecto, Herrera indicó que la iniciativa se limita a las empresas fantasma que "existen legalmente, es decir, tienen domicilio fiscal, y RFC, pero no tienen ninguna actividad económica y el único objeto es defraudar al fisco”.
No aplica, por ejemplo, en el caso de una panadería que vende conchas. "¿Quiénes no caerían aquí? Si hay una empresa establecida correctamente, una panadería que vende conchas, y por alguna razón usa una factura falsa, no es una empresa facturera, porque esa sí está vendiendo conchas. Está cometiendo una irregularidad, pero no cae dentro de los supuestos de delincuencia organizada. No es una empresa fantasma, no hay conchas fantasma", detalló el funcionario.
El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez, consideró que hay una percepción equivocada. "No queremos llenar las cárceles de empresarios, pero sí de criminales que se dedican a las operaciones simuladas, dijo el integrante de una de las Mesas de Dictaminación de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal 2020.
Demócratas quieren paneles laborales efectivos en el T-MEC
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El principal punto que está atorando las negociaciones entre los representantes demócratas y la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés) es la demanda de los legisladores de que se puedan levantar efectivamente paneles de solución de controversias en materia laboral en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico para las Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), informó que los congresistas demócratas están exigiendo cambios para que “sí funcionen” los panelas laborales Estado-Estado.
En el T-MEC se estableció que los casos de acción o inacción sostenida o recurrente en la aplicación de la legislación laboral por parte un gobierno, que afectan al comercio y la inversión, se sujetarán al mecanismo de solución de controversias del tratado.
Para poder levantar un panel, se deberá recurrir al mecanismo de solución de controversias Estado-Estado. En el T-MEC se acordó preservar el mecanismo previsto en el Capítulo XX del TLCAN de 1994, eliminándose la propuesta de otorgar a una parte la facultad de no implementar la decisión de un panel.
Como antecedente, durante las negociaciones del T-MEC, la USTR propuso un mecanismo cuyas decisiones no fueran obligatorias.
El problema del mecanismo de solución de controversias Estado-Estado en el TLCAN es que se puede bloquear en la práctica, porque una parte puede vetar a los panelistas sugeridos por la otra parte.
Los legisladores demócratas consideran que esta deficiencia no debe permanecer en el T-MEC y, por ello, piden garantías para que se puedan instalar efectivamente tribunales laborales en asuntos internacionales de la región.
Kalach expuso que la posición de México es que el capítulo del mecanismo de solución de controversias Estado-Estado sea completamente funcional para todas y cada una de las partes y con respecto a todos los ámbitos que abarca el T-MEC, no sólo en el campo laboral. Y en el caso de que no funcionen los tribunales, que no se puedan levantar para ninguna parte.
En general, a Robert Lighthizer, titular de la USTR, no le gusta someter a Estados Unidos a paneles supranacionales.
El T-MEC incorpora un capítulo laboral en el cuerpo principal del acuerdo, que incluye notas que aclaran algunos términos relacionados con la pérdida de Estados Unidos en un caso contra Guatemala.
La disputa comenzó en el 2008, tras una denuncia al Departamento del Trabajo de Estados Unidos firmada por la central sindical Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por su sigla en inglés) y seis sindicatos guatemaltecos.
El grupo argumentaba que el gobierno de Guatemala violaba leyes laborales, denunciando la ausencia de registros de sindicatos, la inexistencia de tribunales de conciliación, la falta de inspecciones de trabajo y de ejecución de órdenes judiciales.
El panel, en un complicado fallo de más de 200 páginas, concluyó que “Estados Unidos no ha demostrado que Guatemala no cumplió con sus obligaciones”, en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica
Además, el T-MEC tiene un anexo que compromete a México a tomar medidas legislativas para proteger el derecho a la negociación colectiva.
Mantiene, asimismo, el mecanismo de resolución de controversias Estado-Estado del TLCAN para la mayoría de las disputas derivadas del acuerdo, así como el mecanismo binacional de solución de controversias para revisar las disputas de remedios comerciales (decisiones antidumping y de derechos compensatorios).
Sin embargo, el T-MEC eliminaría la solución de disputas entre inversionistas y estados (ISDS, por su sigla en inglés) para Canadá, después de la terminación del TLCAN.
Mantiene el ISDS sólo entre Estados Unidos y México para los reclamantes con respecto a contratos gubernamentales en los sectores de petróleo, gas natural, generación de energía, infraestructura y telecomunicaciones, y conserva el ISDS entre Estados Unidos y México en otros sectores, siempre que el reclamante agote primero los recursos nacionales.
¿Qué le preocupa a los demócratas?
El TLCAN creó un mecanismo de solución de diferencias Estado-Estado (Capítulo 20) para resolver las disputas derivadas del acuerdo. Éste quedaría vigente si se aprueba el T-MEC, pero preocupa a los demócratas que sea funcional, pues a la fecha no ha demostrado serlo.
Este mecanismo de solución de controversias rara vez se ha utilizado, en parte porque las disposiciones del TLCAN se superponen sustancialmente con las de la OMC, que entró en vigor un año después del TLCAN.
La solución de diferencias de la OMC se ha utilizado ampliamente, más de 500 casos presentados, debido a las ventajas percibidas que incluyen un mecanismo de apelación y un creciente cuerpo de precedentes.
Sin embargo, si el TLCAN se revisa con disposiciones que no figuran en los acuerdos de la OMC, los paneles del TLCAN pueden utilizarse más y su capacidad para funcionar correctamente puede examinarse en cualquier renegociación.
El panel se integrará por cinco miembros. Las partes contendientes procurarán acordar la designación del presidente del panel en los 15 días siguientes a la entrega de la solicitud para la integración del mismo.
En el T-MEC se acordó preservar el mecanismo previsto en el Capítulo XX del TLCAN.
Que den la cara opositores a Santa Lucía, exige AMLO
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Néstor Jiménez y Alma E. Muñoz
Quienes han promovido los 140 amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía deben dar la cara y explicar sus razones para intentar frenar la obra, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recordó que en su momento él argumentó su rechazo al proyecto en el lago de Texcoco.
En este contexto, reveló que los conservadores le pidieron, a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, exámenes sicológicos, cardiovasculares y hasta de orina, lo que recibió con sarcasmo, pues dijo que se encuentra al cien en cuestión de salud.
Durante su conferencia de prensa habló además del tema energético, y no descartó una exploración en aguas profundas, pero dijo que no se otorgarán contratos que sean especulativos, y envió a los corruptos el siguiente mensaje: ríndanse, los tenemos rodeados.
Al responder a las preguntas de la prensa en Palacio Nacional, el mandatario explicó que frente al bombardeo de amparos legales contra el aeropuerto de Santa Lucía, el gobierno federal reservó información del proyecto, pero una vez que se resuelvan los juicios, se pondrán a disposición de toda la población los datos completos.
Tras plantear una reflexión en la que llamó a analizar si se debe aplicar una fianza a quienes promueven amparos sin fundamento por el daño al erario y a la nación, llamó a quienes buscan frenar la nueva terminal área que detallen sus motivos.
Ellos tienen consigna política, deberían de informarle a la gente cuáles son sus razones, así como estamos nosotros exponiendo; porque yo puedo decir: se tomó la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco porque es la zona más baja y de mayor hundimiento en el Valle de México, y lo puedo probar, agregó.
En realidad lo que buscaban era un negocio inmobiliario alrededor del lago de Texcoco, argumentó, por lo que insistió en que deben dar a conocer quiénes eran los empresarios que estaban detrás de este negocio.
Al hacer un paréntesis sobre este tema, López Obrador dio a conocer que entre las solicitudes de información dirigidas al Ejecutivo, una persona pidió una constancia médica y siquiátrica de él, así como “un análisis general de orina y de química sanguínea, dictamen cardiovascular especialmente consultando enfermedades coronarias (…), análisis toxicológicos y de enfermedades crónico degenerativas o terminales”. Entre risas, ironizó que tendrá que hacerse los estudios, pero lo consideró como un exceso.
El Presidente relató que en encuentros con empresarios ha detallado que el gobierno no actuará con arbitrariedad en su búsqueda por frenar la práctica del uso de facturas falsas, y pidió a los representantes de la iniciativa privada su colaboración para acabar con ella.
También indicó que al igual que los intelectuales, hay científicos que pese a ser eminencias en sus áreas, no lo son en cuestiones sociales, y ratificó su respaldo a la titular del Conacyt, Elena Álvarez-Buylla. De paso, celebró que se hayan resuelto sin represión los bloqueos y retención de autobuses por parte de normalistas de Tenería, en el estado de México.
Al preguntarle sobre la propuesta lanzada por Morena en el Congreso para regular la venta y consumo de cannabis y la creación de una empresa estatal para ello, dijo que el tema aún no está en la agenda del gobierno, aunque no descartó la iniciativa.
El Presidente deseó que se resuelvan sin violencia los problemas en Ecuador, país que calificó de pueblo hermano, pero reiteró su postura de respeto y no intervención a temas internos de otras naciones.
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