Van por IEPS de $2 a bebidas para sacar a flote remplazo del Seguro Popular
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El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentará hoy dos iniciativas que deberán ser sometidas a votación en Comisiones a partir de este martes para incrementar el impuesto a cigarros y refrescos, para tener una recaudación fiscal de unos 63 mil millones de pesos anuales, recursos que serán canalizados a la creación y funcionamiento del Instituto Nacional del Bienestar (Insabi).
Dicho instituto, que sustituye al Seguro Popular, tiene asignados 72 mil 500 millones de pesos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020; pero, de acuerdo a la presidenta de la Comisión de Salud de San Lázaro, Miroslava Sánchez, se requieren 80 mil millones de pesos más.
En entrevista con La Razón, el diputado de la bancada con mayoría Manuel Huerta Martínez explicó que la intención es gravar la cajetilla de cigarros a nueve pesos con 96 centavos, para recaudar unos 13 mil millones de pesos; mientras que los refrescos, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, a dos pesos por litro para generar una recaudación anual de 50 mil millones de pesos.
“Estas iniciativas no son propuesta sólo mía, van a nombre del grupo parlamentario de Morena. En el caso de las bebidas azucaradas, (la iniciativa) ya fue aprobada en las Comisiones de Salud y de Presupuesto Presupuesto y Cuenta Pública, en tanto que la de los cigarros será revisada en las mismas instancias para afinar algunos puntos”, comentó.
En su propuesta, el legislador indicó que al subir el gravamen 1.35 pesos en tabacos respecto a 2019, la recaudación aumentaría cuatro mil 917 millones de peso; sin embargo, el precio final se incrementaría 9.3 por ciento, lo cual, prevén, reduciría el consumo en 4.4 por ciento.
El también secretario de la Comisión de Salud comentó que es necesario que dichas iniciativas sean aprobadas entre el martes y el miércoles, antes de que se discuta y someta a votación la Ley de Ingresos que envió la Secretaría de Hacienda al recinto legislativo de San Lázaro, el próximo 17 de octubre.
“Con la aprobación de estas iniciativas, esperamos una recaudación de unos 13 mil millones de pesos de IEPS a cigarros y otros 50 mil millones de pesos en refrescos y bebidas azucaradas; no creo que haya problema para su aprobación porque hubo unanimidad en la de los refrescos”, aseveró.
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En la iniciativa de incremento a los cigarros se propone actualizar la cuota vigente de tabacos labrados a partir del 1 de enero de 2020 a 0.4980 centavos por cada cigarro, es decir 9.96 pesos por cada cajetilla de 20 unidades.
“La actualización reconoce la inflación al periodo 2011 a 2019 que se sujete a una mecánica de actualización anual, como sucede con las demás cuotas”, indica el texto.
El documento resalta que con esto, se puede reducir el consumo hasta en un 30 por ciento, lo que evitaría más de 45 mil muertes en una década; además de que se evitarían costos de tratamiento de entre mil 98 pesos a mil 432 millones de pesos.
“No desconozco el compromiso de nuestro Presidente por mantener intactos los impuestos generales como el IVA; o el Impuesto Sobre la Renta (ISR); sin embargo, estamos frente a un gravamen específico que además apoya 73 por ciento de la población, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas y Tabaco 2016-2017”, resalta la propuesta.
En cuanto al ajuste a las refrescos y bebidas azucaradas, “los recursos recaudados deberán destinarse, al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, en fomento de las acciones que el Estado mexicano implemente para combatir la obesidad y sobrepeso de las niñas, niños y adolescentes en el país, sin perjuicio de la aplicación previa de las disposiciones en materia de coordinación fiscal”.
Huerta Martínez presentó la iniciativa el pasado jueves y ayer durante el Foro “Análisis Sobrepeso y Obesidad en México, IPES a bebidas saborizadas”.
El Dato: Para frenar el alto consumo de azúcares, grasas y sodio, los diputados aprobaron el etiquetado frontal en alimentos con el fin de destacar el riesgo para los usuarios.
Sugieren ajuste de 8 mil mdp a PEF para pensiones
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó que su partido impulsará un incremento de tres por ciento en el monto contemplado para las pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.
Esto con el fin de actualizar los apoyos conforme a la inflación prevista para el siguiente año y así mantener el poder adquisitivo de este sector de la población.
En conferencia de prensa, el también presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que se requieren alrededor de ocho mil millones de pesos sobre la propuesta original, enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
De este modo, los adultos mayores, que actualmente perciben dos mil 550 pesos bimestrales, obtendrían un aumento de 76.5 pesos.
El legislador puntualizó que la bancada morenista impulsará un punto de acuerdo para hacer público el padrón de beneficiarios de los Programas del Bienestar, con el fin de blindarlos de fines partidistas.
Mantienen cárcel para quienes comprueben con facturas falsas
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Bertha Becerra | El Sol de México
Por mayoría, y luego de un debate de casi tres horas, las comisiones unidad de Hacienda y Justicia aprobaron equiparar la defraudación fiscal como un delito de la delincuencia organizada.
Además, a pesar de la inconformidad de los empresarios, determinaron reformar el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación para imponer prisión preventiva hasta nueve años a quien por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
El proyecto fue aprobado por una aplastante mayoría de Morena y sus aliados. Sin embargo, Encuentro Social se abstuvo y marcó reservas.
Una de las diputadas más críticas fue la priista Mariana Rodríguez, quien votó en contra y argumentó que avanzar en esta determinación llevaría a que “si Bimbo se pasa por un peso, por el simple señalamiento de la ley, va a pasar a ser un cártel, porque lo estamos equiparando con delincuencia organizada”. Y proyectó que esto generará “tensiones en las empresas que quieren invertir en México”.
Pero la morenista Aleida Alavez le reviró: se les acabó la fiesta a quienes defraudaron al fisco”.
Se prevé que esta misma semana la minuta sea aprobada sin cambios en el Pleno de San Lázaro para quedar firme.
Será hasta hoy cuando nuevamente en comisiones de la Cámara de Diputados inicie el análisis de la miscelánea fiscal, en donde los legisladores determinarán si ajustan o no otros ordenamientos para atender las preocupaciones de la iniciativa privada.
Los integrantes de estas comisiones se han reunido con el líder nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, y el presidente del Consejo Coordinar Empresarial, Carlos Salazar.
El Sol de México tuvo acceso al documento que presentó la Coparmex, en el cual se establecen sus preocupaciones.
“Nos preocupa cualquier tipo de esquema fiscal, con el que puedan pagar justos por pecadores, sin que necesariamente se esté remediando el problema original de combatir la evasión de impuestos”, expresa la revisión hecha por la Coparmex y entregada a los legisladores.
Alerta que poco se ha hablado de la polémica propuesta para incorporar en el Código Fiscal de la Federación (CFF), el Título Sexto sobre la Revelación de Esquemas Reportables, con el que se pretende obligar a los asesores fiscales a reportar, ante el Servicio de Administración Tributaria, las estrategias que recomiende a sus clientes para que estos obtengan beneficios fiscales.
Sobre este tema considera que con esta reforma el SAT se convertirá en una especie de juzgado para calificar la estrategia como positiva o declararla ilegal, en un proceso que puede prolongarse hasta los ocho meses.
Moody’s recorta previsión de crecimiento para México a 0.2%
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La agencia calificadora Moody’s recortó su perspectiva de crecimiento para México este año, ello debido a la desaceleración del consumo privado y la inversión. En un reporte, la calificadora informó que prevén que el 2019 cierre con una tasa de 0.2 por ciento. Anteriormente, su proyección era de 0.5 por ciento. Para el 2020, pasaron su estimado de 1.5 a 1.3 por ciento.
“Esperamos que la inversión se estabilice en el 2020, en parte debido a los efectos básicos, pero también debido a que el sector privado se está acostumbrando al nuevo entorno político. Además, esperamos una ligera recuperación de la inversión pública y consumo del gobierno, ya que la curva de aprendizaje de la administración se aplana y el gasto general está en línea con el presupuesto”, consignó.
Por otro lado, consideró que el marco político mexicano se debilita, por lo cual mantuvo en Negativa la perspectiva de calificación.
De acuerdo con la actualización periódica de la calificadora, el debilitamiento del marco político tiene implicaciones negativas para el crecimiento y la deuda.
“La formulación de políticas inconsistentes y los mensajes contradictorios están socavando la confianza de los inversionistas y las perspectivas económicas a medio plazo”, explicó en el reporte.
Asimismo, refirió que la desaceleración económica junto con los cambios en la política energética y el papel de Pemex presentan riesgos, a mediano plazo, para las perspectivas fiscales.
En junio pasado, Moody’s cambió la perspectiva a Negativa de la calificación de la nota soberana de México, la cual está en “A3”.
Agregó que ve poco probable una mejora de la calificación en un futuro cercano; no obstante, no descartó una actualización resultado de una mejor visión constructiva de la capacidad del gobierno para diseñar e implementar políticas predecibles.
Otros factores que ayudarían a una mejora en la nota soberana son un crecimiento mayor y sostenido.
No obstante, alertó que una evidencia de que el crecimiento —a mediano plazo— esté en declive por la implementación de políticas que socaven la expansión económica o bien, que persista el sentimiento negativo de los inversionistas podrían provocar un recorte de calificación.
Además, advirtió de “desequilibrios fiscales crecientes”, que pueden incrementar la deuda, como lo es el apoyo financiero a Pemex.
Necesario, más gasto en inversión
Analistas consultados refirieron que el congelamiento del gasto de inversión ha tenido un efecto negativo en el país, por lo cual el recorte de la proyección de crecimiento hecho por Moody’s y, en el pasado, otras instituciones es realista.
“El hecho de que sean varios agentes y analistas los que están recortando a la baja la perspectiva de crecimiento genera la idea de que se tiene que hacer algo para impulsar la economía (...) Se ve un congelamiento del lado de la inversión y ahí la sugerencia es que el gobierno realice un mayor gasto en infraestructura para fomentar el crecimiento de la Inversión Fija Bruta”, refirió Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base.
Agregó que es importante que el gobierno haga énfasis en que se ratifique el T-MEC este año, ya que al ser las votaciones en Estados Unidos el próximo año se correría el riesgo de extender la ratificación hasta el 2021, lo que podría mermar la inversión extranjera.
Por su parte, Raymundo Tenorio, catedrático del Tec de Monterrey, refirió que la baja Inversión Fija Bruta condena al país a tener un potencial de crecimiento de sólo 2 por ciento.
“Tenemos un rezago en la inversión fija bruta de 500,000 millones de pesos, ¿cuándo pudiéramos recuperar ese nivel de inversión para tener un potencial arriba de 2%? Cuatro años, si es que hay los incentivos necesarios”, acotó
Respecto a Pemex, refirió que el gobierno debe acelerar, en primer lugar, las Asociaciones Público Privadas de Pemex y dejar de “engrandecer” a la petrolera y buscar inversión privada. “Estamos y seguimos manteniendo una empresa quebrada”.
Abren juicio a bancos por prácticas monopólicas
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Además de bancos, también casas de bolsa, corredores o brokers e instituciones financieras que participan en la intermediación del mercado de bonos gubernamentales fueron investigados por posible colusión al manipular precios y restringir oferta, aseguró Sergio López Rodríguez, titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
La indagatoria concluyó después de casi tres años y ayer la Cofece comenzó un procedimiento en forma de juicio contra ciertas empresas, cuyo número, tipo y nombre no reveló el funcionario, porque esa información está reservada por ley.
–¿Los emplazados son sólo bancos? –se le preguntó.
–No puedo entrar en detalles –dijo el funcionario.
Los bonos gubernamentales, explicó, incluyen tanto los Certificados de la Tesorería de la Federación como los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal y los de desarrollo del gobierno federal denominados en Unidades de Inversión.
En 2018, más de 2 billones de pesos en bonos
El mercado investigado por la Cofece es relevante, porque son instrumentos que utiliza el gobierno federal para financiar inversiones públicas o liquidar o refinanciar la deuda que tiene contratada, ponderó Sergio López en entrevista.
Sólo en 2018, aseveró, las subastas primarias de bonos gubernamentales rebasaron 2 billones de pesos. Incluso, añadió, los valores emitidos por el gobierno mexicano para financiar el gasto público pueden representar hasta la tercera parte del producto interno bruto (PIB) del país.
Cuando la Cofece empezó la indagatoria, calculó que el volumen de los bonos gubernamentales negociados ascendía a 100 mil millones de pesos diarios, así que de corroborarse que empresas o particulares hicieron acuerdos para manipular sus precios y oferta el daño al erario y a los inversionistas podría ser grave.
El periodo bajo la lupa
La investigación se inició de oficio, es decir, sin denuncia de un tercero, en octubre de 2016, a partir de que el organismo antimonopolios contaba con información que indicaba actos que podían haber sido violatorios de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).
El periodo investigado es de 2006 a 2016, y la pesquisa terminó apenas en junio de 2019, es decir, dos años y ocho meses después, precisó Sergio López.
La Autoridad Investigadora concluyó que en algunos lapsos de la década indagada ciertas empresas pudieron estar violando la LFCE a través de dos conductas: manipulación de precios de esos valores de deuda o bien por lo que llamamos restricción de oferta, es decir, que hayan establecido condiciones para no vender o adquirir ciertos bonos, apuntó.
Desde la mañana de ayer, la Cofece confirmó que ya notificó y emplazó a las empresas probablemente responsables de haber incurrido en colusión o prácticas monopólicas absolutas, al establecer arreglos para manipular el precio de los bonos y obligaciones para no comprarlos o venderlos.
Con ello se inició en su contra un procedimiento administrativo en forma de juicio contra los presuntos responsables, quienes tendrán hasta 45 días hábiles para presentar pruebas y argumentos en su favor contra dicha acusación, puntualizó el titular de la Autoridad Investigadora.
El proceso puede alargarse más de un año, comentó, hasta que el pleno de la Cofece determine si desecha el caso o se corrobora que los emplazados violaron la ley.
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