¿Todo arreglado?
Felipe Sánchez
Con excepción del extitular de la SSO, Germán Tenorio y algunos “charalitos” que están en la cárcel, todo indica que, los responsables del más brutal saqueo en la historia de Oaxaca, seguirán en libertad, al menos por un buen tiempo más, disfrutando plenamente del botín. Les digo porqué.
El caos que provocan los sicarios del ala “ulicista” del cártel 22 (los pozoleros) y los sindicatos que engendró el senador “Cara Sucia”, Benjamín Robles, son poderoso distractor de este gobierno. Parece que lo que buscan es entretener a los sabuesos y retardar la debida integración de las carpetas de investigación contra los depredadores del sexenio pasado.
La rabiosa embestida de agitación de los grupos de interés en estos días próximos a las fiestas de la Guelaguetza, confirma que en política todo tiene signo y señal. La amenaza de boicot de nuestra máxima fiesta, la Guelaguetza, es un instrumento eficaz para doblegar al gobierno.
Los impulsores más agresivos de los bloqueos callejeros, toma de edificios y cierres de carreteras, son del sindicato Libertad, de la CNP, de la 14 de Junio, entre otros. (Aunque CNP no tiene reconocimiento de su central en la CdMx, opera clandestinamente aquí) Todos coaccionan al gobierno y violentan la convivencia social. Son organizaciones que cebaron los corruptos funcionarios del “gabinato”. Hay que recordar que el “carterista” Daniel Juárez, desde la Secretaría del Trabajo, formalizaba, fast track, esos sindicatos “patito” que, según el entonces “vicegobernador”, Benjamín Robles, harían contrapeso a las organizaciones corporativas del PRI, como CTM, CNC, CROC, etc. Además de la expedita toma de nota y todo tipo de facilidades desde el poder, los cebaban con concesiones a pasto. Tan sólo en el último año del gobierno del desastre, les entregaron cinco mil permisos de transporte público desde la Sevitra. Un número igual les autorizaban cada año. Primero el perredista Pedro Silva, luego el priista José Antonio Estefan y al final el Panista Carlos Moreno “El Libretón”. Son los camiones volteos, pipas, taxis, mototaxis que hoy utilizan para chantajear al gobierno de Murat. Hay que recordar que casi todos estos grupos son adherentes del cártel 22.
Su “accionar” en este momento tiene un objetivo claro. Distraer al gobierno para no dedicar tiempo suficiente, e inteligencia, para llamar a cuentas al resto de la banda de facinerosos que encabezó el tristemente célebre Gabino Cue Monteagudo.
Algunas fuentes consultadas, me informan que no ha sido fácil acopiar las pruebas para las carpetas de investigación. Tal vez a eso se deba que la banda de facinerosos, anden libres, disfrutando su riqueza mal habida. Me comentan que hay algunos como los de Netzahualcóyotl Salvatierra, José Zorrilla, Alberto Esteva, Alberto Vargas Varela y el propio Gabino Cué, que presumen impunidad porque, según ellos, no hay pruebas de todo lo que los acusan.
Esto pudiera ser porque apenas la semana pasada informaron que el gobierno estatal, está corroborando deficiencias en la estructura del edificio que iba albergar el Centro de Iniciación Musical.
Por las fallas detectadas, saben el edificio incumple con el Reglamento de Construcción federal y estatal no obstante que reportaron una inversión de 86 millones de pesos. Aun así fue inaugurado el 22 de noviembre pasado por el propio Gabino a pesar de observaciones técnicas como fracturas en la losa y muros.
En comunicado oficial, indican que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, instruyó a la Secretaría de las Infraestructuras y a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, una evaluación precisa y especializada sobre la construcción de este edificio.
Esta es de las pocas investigaciones contundentes que se conocen y que, de resultar responsabilidad, servirá de prueba para la denuncia penal. Para confirmar el resultado del primer dictamen, el gobierno del estado pidió a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizar un análisis y estudio estructural cuyos resultados comprometieron a entregar en próximos días.
El hecho de que la Sinfra informe a detalle sobre un proceso de investigación sobre los muchos delitos que se atribuyen al gobierno anterior en perjuicio del patrimonio de Oaxaca, confirma que las pesquisas van en serio.
Con esta decisión podríamos ver, siquiera, un cambió de actitud de Gabino Cue quien el mes pasado, en una entrevista al salir de un lujoso restaurant en la capital del país, se mostró confiado, cínico y hasta locuaz. Las fotografías así lo exhiben. Se muestra seguro de su impunidad.
Otra vez
El desorden que padece Oaxaca es descomunal. Primero, por el saqueo brutal en la administración anterior. Segundo por el gran fracaso de la alianza PAN-PRD (con el coro de partiditos morralla como el MC y PT) que sirvió para conquistar el poder pero al tenerlo fue fracaso total.
Con todo y la devastación que dejó en Oaxaca, ese protervo que llamaron alianza “paz y el progreso”, hay perversos que aplauden su reedición, ahora en el país. Hay otros que para lavarse las manos dicen que PAN y PRD “se unen porque solo quieren poder y dinero”. Estas palabras son del Peje AMLO quien finge demencia. Apuesta a la corta memoria de los oaxaqueños que, supuestamente, han olvidado que fue él quien promovió desde el PRD, partido que entonces manejaba, la candidatura de Gabino. Lo placeó como el “salvador de Oaxaca”.
Especialmente en Oaxaca debemos estar muy alertas por el hecho de que los grupos políticos (PAN-PRD) que no tienen nada en común, por aquello de la izquierda o derecha, busquen repetir el experimento que hundió a Oaxaca. En su momento dije que era un onagro, un cuasimodo pero hoy suena más extraño aún. Si PAN y PRD ya dieron muestra en Oaxaca de que el “aceite con el agua” no se llevan, creo que esa rara mezcla no va a ayudar a México, a la larga nos va a poner en problemas como sucedió en Oaxaca.
¿Cómo un asalto frustrado pudo haber terminado en una tragedia de impunidad?
+ Corporaciones municipales deben ser reconstituidas de cara al sistema de justicia
Adrian Ortiz
La Policía Municipal de Oaxaca de Juárez intentó presentar como un éxito y una demostración de eficacia —lo que parecía natural— la detención en flagrancia de cinco personas que, presuntamente, momentos antes habían perpetrado un asalto afuera de una sucursal bancaria, en la que una de las víctimas perdió la vida. El problema es que dicho intento casi termina en una tragedia —de impunidad— por las cándidas demostraciones de la corporación municipal, de su desconocimiento de sus parámetros necesarios de actuación en estos casos, frente al nuevo sistema de justicia penal.
En efecto, la tarde del miércoles ocurrió un asalto violento a las afueras de una sucursal bancaria ubicada en inmediaciones del mercado de Abasto. En el lugar, un grupo de presuntos delincuentes habría despojado de una fuerte cantidad de dinero a dos personas que momentos antes habían retirado el efectivo de dicha sucursal. Al ser despojados del dinero, las víctimas opusieron resistencia y fueron atacados a balazos, quedando uno de ellos muerto y otro herido.
De inmediato, la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez implementó un operativo y detuvo a cinco presuntos personas en un hotel que se encuentra sobre la misma avenida. Por la naturaleza y la magnitud del hecho, casi al mismo tiempo que la policía, arribaron al lugar de las detenciones representantes de varios medios de comunicación que registraron diversos hechos relacionados con la detención de las personas señaladas como responsables del asalto violento.
Más tarde, el comisionado de Seguridad Pública Municipal, Jorge Guillén Alcalá, ofreció declaraciones a medios de comunicación en las que, entre otras cosas, señalaba que la corporación había trabajado desde el primer momento con la Fiscalía General del Estado en las labores de investigación, en la preservación de los objetos, las armas y los lugares relacionados con los hechos, y aclaró que no podía ofrecer detalles personales, ni imágenes de los detenidos, por un requerimiento del nuevo sistema de justicia penal. El problema es que casi al mismo tiempo de que eso ocurría, en redes sociales comenzaron a circular imágenes captadas dentro del cuartel de la Policía Municipal, de los rostros y datos generales de los detenidos.
Ello generó un primer cuestionamiento que, en términos generales, ayer apuntaba a que los presuntos responsables podrían obtener su libertad a partir de, primero, los objetos afectos y la escena de la detención no habrían sido resguardados conforme a los protocolos establecidos por el nuevo sistema de justicia penal; y segundo, que se habría quebrantado el principio de presunción de inocencia —que es un principio constitucional muy relevante a favor de los imputados por su presunta responsabilidad en la comisión de un delito— por la difusión de los rostros y los datos generales de los detenidos.
Evidentemente, esto generó indignación y preocupación entre la ciudadanía, que ayer mismo reaccionó de diversas formas cuestionando la actuación de las autoridades que tomaron conocimiento y actuaron con relación a estos hechos y, equivocadamente, también cuestionando los principios y requerimientos del sistema de justicia penal. Habría, sin embargo, que entender con más prudencia los errores cometidos por la autoridad municipal en su actuación, y en su premura por presentarse ante la opinión pública como una corporación eficaz; y cuáles podrían ser las repercusiones de fondo que esto le podría ocasionar al procedimiento judicial para que, de comprobarse plenamente su responsabilidad, estos individuos sean sentenciados condenatoriamente.
CALIFICACIÓN JUDICIAL
Las cinco personas antes mencionadas fueron detenidas en flagrancia. Según el Código Procesal Penal de Oaxaca, se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia, cuando ocurra alguno de los siguientes tres supuestos: I. La persona es sorprendida en el momento de estarlo cometiendo; II. Inmediatamente después de cometerlo, es perseguido materialmente; e III. Inmediatamente después de cometerlo, la persona es señalada por la víctima, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito (Artículo 167).
Ahora bien, ¿podrían obtener su libertad en el corto plazo esas cinco personas, por alguno de los errores cometidos por la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez y señalados en diversas notas publicadas ayer en diversos medios locales? La respuesta concreta debe ser “no”, sin que eso signifique que los errores cometidos por la autoridad son intrascendentes, o que están equivocados quienes ayer señalaban tanto las inconsistencias como la posibilidad de que, por esos errores, este asunto terminara en la impunidad.
Pues para ello hay que considerar la naturaleza misma del hecho y sus circunstancias, tales como que fue un robo con violencia, que se utilizaron armas de fuego, que ocurrió un homicidio y, además, que existirían también las características de la comisión del delito de delincuencia organizada. En esta lógica, el artículo 170 bis del Código Procesal Penal establece que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa a los imputados, cuando se trate de la presunta comisión de delitos como homicidios dolosos (fracción I); delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos (fracción IV); y lesiones dolosas (fracción XI).
Todos esos son delitos que habrían ocurrido dentro del conjunto de hechos ahora analizados, además del delito de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, que son de competencia federal. Incluso, en el caso de la delincuencia organizada, ésta se encuentra definida en el artículo 16 de la Constitución federal como una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada; y de acuerdo con segundo párrafo del artículo 19 constitucional, el juez que conozca de delitos de delincuencia organizada también está obligado a ordenar la prisión preventiva de quienes son señalados como presuntos responsables.
Ahora bien, respecto a la difusión de los rostros y características de las personas señaladas como responsables, seguramente eso tendrá que ser dirimido en la sentencia definitiva como una consideración de fondo, y preliminarmente en la calificación de la detención que haga el juez al momento de vincularlos a proceso.
Todo esto, sin embargo, no exculpa a la autoridad municipal que por una incorrecta actuación sí puso en riesgo la legalidad de todas sus actuaciones. ¿Por qué? Porque demostraron no estar lo suficientemente capacitados no sólo para actuar eficazmente, sino para hacerlo según los requerimientos establecidos en la ley; porque, además, demostraron no tener los suficientes controles como para resguardar la integridad de las personas a las que detienen —si, en el mejor de los casos, fue un tercero quien fotografió y filtró a redes sociales las imágenes de los detenidos—; y porque finalmente ellos mismos tendrán que demostrar, en el juicio oral, que actuaron correctamente a pesar de la flagrancia en la detención, y en el resguardo de los objetos y lugares en los que ocurrieron los hechos. Finalmente, no será sólo la Fiscalía, sino también ellos quienes tendrán que dar cuenta en el juicio por su actuación y ahí tendrán que sostener sus aciertos y sus errores.
PARADOJAS
Sí: paradójicamente, la prisión de los señalados habría quedado anclada a que en el hecho ocurrió un homicidio violento, a que habría existido delincuencia organizada, y a que la aprehensión ocurrió dentro del parámetro de la flagrancia. Pero en el fondo, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez debe tomar esto como una dura lección para no volver a cometer los errores que evidenciaron el miércoles, en esto que debió haber sido una demostración de eficacia.
@ortizromeroc
Empresarios voraces.
Guillermo Hernández Puerto
Los empresarios del transporte urbano unilateralmente anunciaron un incremento en la tarifa del transporte urbano de siete a 10 pesos por usuario.
De inmediato hubo quien dijo que los usuarios no aguantarían este aumento y que si se autorizaba este aumento podría haber un estallido social.
No tenemos los pelos de la burra en la mano para afirmar que los citados empresarios como poder fáctico formen parte de los gabinistas resentidos que aún están con cargos en la administración y que no se quieren ir y que buscan por todos los medios provocar conflictos artificiales para ponerle obstáculos al gobernador y poner a los ojos de los oaxaqueños que Alejandro Murat no sabe gobernar y que el pueblo se equivocó en elegirlo gobernador.
De lo que estamos ciertos y convencidos es que el incremento de la tarifa a 10 pesos no solamente no lo aguanta la gente, miles de usuarios, sino que provocaría manifestaciones e inconformidades que se traducirían en un clima de crispación social y política en la antesala de la celebración de la Guelaguetza 2017.
Los empresarios colmilludos y sabedores de que en el mes de julio, debido a la celebración de esta fiesta, el gobierno se vuelve vulnerable, por ello sacan la cabeza para anunciar el incremento de 10 pesos en dicha tarifa. A ellos no les importa crear un clima político y social adverso al gobernador Alejandro Murat para nada, a ellos les importa ponerse frente a él como un grupo de presión muy fuerte y sacar raja económica no en miles sino en cientos de millones de pesos porque su dios, su único dios, es el dinero.
No entendemos la posición de Aurora López Acevedo si es que ella aprovecha la situación y se encuentra entre los empresarios que exigen el incremento de 10 pesos y ponen a prueba la respuesta y la capacidad política del gobernador Alejandro Murat, porque ella, esta empresaria, ha sido inmensamente favorecida por el grupo que está en el poder. Y sería ingrata si formare parte de esta conjura.
Lo condenable, lo repudiable es que dichos empresarios voraces jamás han cumplido con mejorar el transporte urbano que prestan ni siquiera han sensibilizado a los conductores que contratan porque éstos, no todos, han convertido con los ataúdes rodantes muchas muertes y dejado lisiados.
El servicio que prestan está hecho no para personas, sino para animales y los hechos lo dicen y no el que esto escribe que este servicio urbano es un servicio caro, sucio y criminal.
Esperamos que el titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, Francisco García López, ponga toda su voluntad política para frenar la codicia de tales empresarios que como empresa mentirosa y veleidosa nunca ha cumplido con mejorar el servicio de transporte que prestan, porque sin que esto suene a ofensa o grosería, no les importa la gente, les importa el dinero, porque el dinero es su dios.
Hay gabinistas en la administración estatal que no se quieren ir y a medida que corre el tiempo se convertirán en un gran obstáculo para el gobernador Alejandro Murat y para el desarrollo y el progreso de Oaxaca. Debiera ponerse en marcha la operación escoba para echarlos de los cargos.
Gabino Cué y la impunidad. Declaraciones de funcionarios se han dado como una gran catarata de palabras o de saliva, pero no hay indicios de que se castigarán las raterías del exgobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo.
No tenemos los pelos de la burra en la mano para asegurar con certeza de que existe un pacto de impunidad para protegerlo y evitar que pise la cárcel y regrese lo robado a Oaxaca en efectivo o en bienes inmuebles. Pero tenemos derecho a sospechar que existen acuerdos políticos en lo oscuro para no tocar a quien no sólo dejó en la quiebra económica a Oaxaca, sino que heredó pobreza y miseria. Mientras él y su banda de delincuentes se enriquecieron escandalosa e ilegítimamente.
Gabino es señalado de haber desviado recursos económicos por 30 mil millones de pesos y su operador político y financiero, Jorge el Drogo Castillo, fue señalado y desnudado por el diario Reforma de haber amasado una fortuna cercana a los 7 mil millones de pesos en cuatro años, que puso en diversa cuentas a nombre de presta-nombres, entre éstos sus familiares y amigos.
Se arrestó y encarceló a Germán Tenorio Vasconcelos, extitular de los Servicios de Salud de Oaxaca, por corrupto y se pregona en los medios que está en cartera el exsecretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, Netzahualcóyotl Salvatierra, y que es el que pronto será arrestado y encarcelado por rata.
Pero, el pero de siempre, no hay de parte de los funcionarios ni de los diputados un señalamiento directo de ellos contra Gabino Cué para que lo arresten y encarcelen. El único que exige cárcel para este gran ladrón y traidor de Oaxaca es el senador del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya.
Tenemos sospechas de que jamás arrestarán a Gabino Cué y que este gran ladrón de Oaxaca no pagará por todas las fechorías y abusos de poder que cometió contra Oaxaca y los oaxaqueños.
Esperamos equivocarnos, pero no olvidemos que tras bambalinas puede haber acuerdos oscuros, sórdidos y mal olientes para brindar protección y alargar el tiempo para no castigar a esta gran rata.
Por lo anterior dudamos de que aquel dicho que reza, que el que la hace, la paga se aplique al exgobernador de triste memoria que resultó ser otro gran ladrón de Oaxaca.
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