Aborta multimillonario negocio

Alfredo Mártinez de Aguilar

Mis informantes que bien saben del tema, me dicen que en la venta de plazas para burócratas que hicieron líderes sindicales en complicidad con el entonces secretario de administración, Alberto Vargas Varela se llevaron, solo en los últimos días de noviembre pasado, más de 40 millones de pesos. Cobraron la mitad y ahora les urge finiquitar el negocio, por dos cosas:

Sus clientes les están exigiendo la base o la devolución del 50 por ciento de los 200 mil que pidieron por cada puesto de trabajo. De lo contrario amagan con denunciarlos. Tal situación tiene demasiados nerviosos al actual dirigente de los “chupatintas”, Felipe Cruz Pinacho y su asesor de cabecera Juan “el pelón” Rosas; ambos son señalados como los que urdieron el fraude.

El sobresalto invade a estos dos pillos porque el miércoles pasado, la Contraloría del gobierno del estado, emitió el siguiente comunicado:

“La Controlaría del gobierno de Alejando Murat canceló con carácter de irrevocable las primeras 45 plazas ilegales que se entregaron durante el régimen del ex gobernador Gabino Cué, a personal que no cumplía ninguna función dentro de las áreas de trabajo y se inició procedimiento sancionatorio contra los funcionarios (cuidaron no mencionar: y líderes sindicales) implicados en la autorización de estos movimientos”.

Pero no solo eso, el contralor Ángel Díaz Navarro afirmó que están en la mira otras mil 500 plazas entregadas de manera sospechosa.

El comunicado fue emitido mientras los burócratas beneficiados por Cruz Pinacho, se reunían con este para presionar al nuevo gobierno para que no investigue sus negocios sucios. La mayoría de los asistentes que aún creen en sus corruptos líderes, son reubicados de la desaparecida Secretaría del Trabajo que manejó el tristemente célebre “carterista” Daniel Juárez.

El origen de la cloaca que hoy destapan, la narré en mi entrega del 16 de diciembre del año pasado:

Me dicen que el dirigente sindical, el director de Recursos Humanos José Juan Pérez Maya y el de Administración, Pablo Arturo Negrete, cuatro días antes de concluir el sexenio operaron lo que llamaron “gran venta navideña” y ofertaron 200 bases para burócratas del gobierno estatal. Obvio, todo con la decisión del chachalaco. 

Acordaron con sus clientes” cien mil pesos al firmarles un contrato de empleo y otros cien mil en febrero próximo cuando obtenga sus plazas. Dicen que la que operó las ventas fue la señora Bárbara Rugeiro. Algunos testigos me indican que los cien mil pesos del enganche por cada plaza de trabajo, los recibían en sus propias oficinas Pérez Maya y Bárbara quien fungía como su secretaria particular.

La treta está en lo siguiente: dado que en el negocio participa Cruz Pinacho, este involucró a su sindicato. Es decir, en la primera negociación laboral con Villacaña, pretendían obligarlo a que firme esas 200 bases. Me informan que Pinacho había incluido este punto como petición prioritaria.

Lo que no calcularon es que, ante el gran saqueo que dejaron los gabinistas tanto en la Secretaría de Administración como en las demás dependencias, las investigaciones son impostergables. Y ya anunciaron lo que harán con el tráfico de plazas que no son únicamente 200. Son ¡más de mil 500! - 

LA BARREDORA

Los corruptos Pinacho y Rosas -según me dicen- aún presionaban con movilizar a la base, pero ante la evidencia de sus negocios sucios, muchos les dan la espalda.

El contralor remarcó que “el proceso de la depuración de la nómina del gobierno estatal inicio el pasado mes de diciembre ante la denuncia que existía por la presencia de aviadores, y de personal irregular. La revisión fue exhaustiva en cada una de la listas de personal de las 79 dependencias e institutos y organismos descentralizados, detectándose un universo de plazas sospechosas”.

Dijo que “hemos revisado cada una de las plazas que se entregaron antes de que dejara el mando el ex gobernador Gabino Cué y detectamos que una buena parte se entregaron sin cumplir con los mecanismo adecuados estipulados en la ley para asignarlas, por lo que se ha empezado a notificar a las personas que fueron beneficiadas con estas que su plaza fue cancelada y retirada”.

LE ZUMBÓ EL OÍDO

Entre lo fantástico que suele ocurrir en la política, podemos anotar la firma de un acuerdo por la transparencia que hizo el miércoles pasado el dirigente local del PRI, Germán Espinoza con Francisco Álvarez, consejero presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Con todo y que el citado Germán es investigado por corrupción en el COBAO donde fue director, aceptó firmar el acuerdo aunque, previamente, tuvo que aguantar una serie de señalamientos de la gran corrupción que, entre otros, ha prohijado el sistema de partidos, principalmente el PRI, en nuestro país.

Entre sonrojado y cabizbajo el ex titular del COBAO señalado por desvío multimillonario del presupuesto que manejó, tuvo que escuchar datos de la gran corrupción en el sistema del que forma parte.

Para ilustrar -dijo Álvarez viendo al dirigente del partido señalado entre los más corruptos- el Barómetro de Percepción de la Corrupción realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que los niveles de percepción de corrupción en las instituciones fueron extraordinariamente elevados: un 91% NO confía en los partidos políticos, un 81% no confía en los legisladores, y un 80% desconfía del sistema judicial.

Hay leyes suficientes pero no se respetan, “por ejemplo, los criterios considerados para la distribución de recursos de cada partido entre sus estructuras, delegaciones y grupos, lo referente a los procesos internos de toma de decisiones, el costo de las campañas políticas, quiénes las financian, cuáles son las fuentes del financiamiento, qué bienes poseen, en qué gastan, cómo se rige la vida interna de los partidos, cómo se dan los procesos de designación de candidatos y nominación de dirigentes, el padrón de militantes, qué intereses hay detrás de las decisiones sobre sus actividades y estrategias, etcétera”.

La firma obliga de hoy en adelante al PRI como receptor de recursos públicos, a entregar todo tipo de información para el cumplimiento de las nuevas obligaciones del Sujeto Obligado.