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La petrolera gastó, al menos, 60,000 millones de dólares en total respecto al derrame y más de 10 millones fueron hacia los pescadores estadounidenses y negocios afectados. De los cuales ni un sólo peso ha llegado a los mexicanos afectados.
A principios de este año el Gobierno mexicano aceptó 25.5 millones de dólares de la petrolera BP antes British Petroleum para absolverla de toda responsabilidad por contaminar las aguas mexicanas en abril del 2010, lo que es el mayor derrame de petróleo del siglo XXI.
Este pago fue parte de un acuerdo confidencial para desechar una demanda relacionada con el desastre de “Deepwater Horizon” del 20 de abril del 2010, cuando una plataforma de BP explotó en el Golfo de México. Esta explosión provocó la muerte de 11 trabajadores y la fuga de petróleo de cuatro millones de barriles sobre la costa del estado de Luisiana y aproximadamente 200 millas de territorio mexicano. El gigante petrolero y el gobierno estadunidense de inmediato acordaron la reparación de la contaminación de las aguas de su territorio, pero el daño en aguas mexicanas aún no es del conocimiento público.
La petrolera gastó, al menos, 60,000 millones de dólares en total respecto al derrame y más de 10 millones fueron hacia los pescadores estadounidenses y negocios afectados. De los cuales ni un sólo peso ha llegado a los mexicanos afectados.
BuzzFeed News y la iniciativa de transparencia PODER tuvieron acceso a documentos como minutas de las reuniones de gobierno sobre el tema y análisis académicos que cuestionan el manejo de esta crisis entre el gobierno mexicano y BP.
La reacción del gobierno mexicano fue lenta después del derrame. Esperaron hasta el 19 de abril del 2013 para realizar una demanda contra BP, cinco años después ese alegato fue retirado de manera voluntaria, después de aceptar un acuerdo por 25.5 millones de dólares. Cabe destacar que el actual gobierno tiene varios negocios con la petrolera entre ellos cinco sitios de perforaciones, dos líneas de gas natural y el desarrollo de 1, 500 gasolineras, a raíz de la Reforma Energética impulsada por el presidente, Enrique Peña Nieto.
El gobierno de Peña Nieto retiró voluntariamente, en un acuerdo, una demanda de cinco años de antigüedad contra BP a cambio de 25.5 millones de dólares; 15 millones de dólares ya han sido pagados sin darse a conocer de manera pública el retiro o el pago.
Dicho acuerdo provocó que BP no tenga alguna responsabilidad por daños causados por el derrame de petróleo en aguas mexicanas. El Gobierno de México señaló que no pudo encontrar evidencia clara de contaminación a pesar de haber gastado fondos millonarios en 22 estudios científicos que nunca usaron como evidencia en la demanda, reveló la investigación.
Científicos que lideraron las investigaciones que el gobierno mexicano pagó, expresaron serias preocupaciones sobre el gobierno mexicano y la reacción de BP hacia el desastre y sus consecuencias. Evidenciaron que los viajes fueron limitados e insuficientes en comparación a los que se hicieron en Estados Unidos. Muchos de estos estudios dejaron de pagarse por el gobierno en el mismo periodo que se lanzaba la Reforma Energética en impulsada en 2014.
Además, el gobierno de Peña Nieto le concedió la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca -reconocimiento máximo a un extranjero en el país-, al Doctor Christopher Peter Sladen, ex Director General de la petrolera en México, bajo ese contexto la Secretaría de Relaciones Exteriores le agradecía por "ser un aliado de México y de su industria energética".
Unos 25,000 pescadores de los seis estados mexicanos que cuentan con acceso al Golfo de México han acusado a BP por haber arruinado sus vidas en una demanda colectiva en Estados Unidos por no confiar en el proceder de las autoridades mexicanas, según dijeron.
Gobierno mexicano actuó con lentitud
El Dr. Luis Soto, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó, “nosotros como oceanógrafos estábamos preocupados, sabíamos de la circulación de las corrientes en el Golfo de México… que tarde o temprano, tendríamos un problema en nuestras aguas”.
En los meses siguientes al derrame, Soto y otros científicos trataron de convencer al gobierno, del entonces presidente, Felipe Calderón, que se necesitaba hacer un estudio en el Golfo. Antes del “Deepwater Horizon”, no se había monitoreado el cuerpo del agua en el Golfo de manera regular, ni tenían información de base para definir las condiciones normales del agua.
Sin esa información, los investigadores no podrían usar técnicas básicas como la huella de carbono para examinar el nivel de contaminación por petróleo en las aguas mexicanas y saber si correspondían al derrame.
A diferencia de México, el gobierno del presidente Barack Obama procedió de manera rápida. Poco más de un mes después de la explosión se creó una comisión independiente para la investigación las causas de la explosión. Después de ocho meses la misma comisión determinó que la explosión y el derrame de petróleo, fueron consecuencia de una serie de errores y omisiones hechas por BP, y las compañías que contrataron, Hallibutron and Transocean, catalogándolo como un “desastre humano, económico y medioambiental”.
La comisión estadounidense señaló que los empleados de la torre de perforación Deepwater Horizon, ignoraron señales previas, y dejaron pasar eventos para prevenir la explosión. Los investigadores de Estados Unidos recibieron billones de dólares en recursos, tanto del gobierno como de BP y probaron que cerca de toda la costa de Estados Unidos del Golfo de México, y desde Florida hasta Texas, estaba afectada. Encontraron líneas de petróleo en el agua, rastrearon la huella de carbono en corales dañados en el fondo del mar, vieron el decrecimiento de numerosos peces y población animal marina.
Posteriormente un panel federal transfirió todos los casos relacionados con el derrame a un juzgado en Luisiana por la experiencia en casos complejos como el del Huracán Katrina. BP, eventualmente, aceptó su responsabilidad y se declaró culpable y de ahí apilaron demandas de todos los afectados en Estados Unidos.
Por su parte el gobierno mexicano decidió financiar en julio del 2010, una investigación por varios académicos e institutos mexicanos en coordinación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). El equipo del Dr. Soto fue el primero en lo que sería un plan de estudio de cinco años en el Golfo, pero el equipo no tenía fondos. México, explicó, sólo tener un barco capaz para este tipo de expediciones que tenía que ser apartado y compartido con numerosos institutos involucrados en el estudio. En contraste con los 6,500 buques que usaron en Estados Unidos para medir el daño en las aguas estadounidenses según BP.
México financió 22 estudios relacionados con el derrame entre el 2010 y 2014. Documentos oficiales revelan que por 19 de estos estudios pagaron cerca de cuatro millones de dólares, pero el resto de los tres estudios el INECC no dio las cifras, así que no hay un total revelado. Ningún otro estudio fue financiado después que Peña Nieto emitiera la Reforma Energética en agosto de 2014, lo que provocó cuestionamientos sobre si el gobierno quería llegar a toda la información sobre el caso del derrame de BP, un gran actor de dicha reforma.
En México todo es diferente
Varios estados de México con costas en el Golfo de México presentaron demandas por separado en 2011, pero el gobierno federal esperó dos años y 364 días para demandar a BP.
En mayo de 2013, la corte del estado de Luisiana consolidó la demanda de México en un litigio multi distrital y empaquetando cientos de nuevos casos. Después suspendió la demanda del Gobierno Federal hasta previo aviso. Meses después, descartó las demandas que llevaron los estados mexicanos porque el gobierno federal enviaría una demanda federal y haría las demás demandas redundantes, esta representaría la última oportunidad para que el gobierno mexicano consiguiera un pago compensatorio hacia los pescadores y sus familias.
El equipo legal que representaba a México en Estados Unidos, Schulte Roth & Zabel, recibió casi dos millones de dólares por sus servicios entre 2010 y 2017 (las cifras de los pagos en 2018 no están disponibles).
Horacio Polanco, uno de los abogados representantes de los más de 10,000 pescadores mexicanos señaló que le parecía injusto que sólo los vecinos del norte de la frontera hayan recibido el pago de BP. “La única injusticia es que los pagos se hicieron exclusivamente para los americanos”, explicó. BP no aceptó ninguna responsabilidad por daños al territorio mexicano.
Dentro de la poca capacidad negociadora del gobierno mexicano contra el derrame la investigación indica que, BP ofreció un pago inicial de 20 millones de dólares. En octubre el gobierno mexicano hizo una contra oferta pidiendo 50 millones. Y al final BP no ofreció más de 25.5 millones, la mitad de lo que se había pedido.
Según el acuerdo establecido, al cual tuvo acceso BuzzFeed News, 15.3 millones son para el reembolso de las investigaciones realizada y otros costos realizados sobre el incidente, 10.2 millones para pagar al INECC. Hasta el momento no hay una explicación detallada sobre cómo se va a gastar el dinero, o de quién se encargará que el dinero se distribuya equitativamente.
El documento legal dice que el acuerdo permanecerá confidencial hasta que las dos partes estén de acuerdo en hacer pública la información. Hasta la fecha ni BP ni el gobierno mexicano han anunciado algo sobre este acuerdo, sin ninguna mención hacia los pescadores mexicanos.
Sí existe evidencia científica
La investigación reveló que al Gobierno Federal se le dio evidencia científica que se haya localizado huella de carbonos, pertenecientes a BP en aguas mexicanas. La evidencia fue presentada como parte de una demanda por el científico llamada Dr. Sergio Jiménez.
En enero de 2013 la corte de Luisiana recibió una declaración del Dr Jiménez donde explicaba que había encontraron rastros de petróleo en las costas de Tamaulipas, llamándole “un parecido idéntico a la huella que dio BP en el litigio de Deepwater Horizon”, además de rastros de petróleo al sur de Veracruz en 2011. Por su parte en julio, el gobierno mexicano publicó 20 de los 22 estudios realizados. Ninguno de ellos dio información sobre descubrir huella de carbono de BP. Los otros dos estudios son del Instituto México del Petróleo (IMP).
Los estudios del IMP fueron los últimos en ser aprobados antes de la reforma Energética. El IMP dijo que a estos documentos no se les dio difusión por “contener secretos industriales y comerciales” diciendo que sus resultados no señalaban daños medioambientales.
El Economista
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