Titulares de Medios Nacionales.


Van 870 recursos de CTM contra la Laboral; busca ir hasta la SCJN

Portada de La Razón (México)



Con casi 900 recursos interpuestos en conjunto contra la Reforma Laboral y la revisión de los Contratos Colectivos del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) buscará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el tema para que siente la jurisprudencia necesaria y se aplique para todo el país.

Ángel Celorio, jurídico de la central obrera que agrupa a aproximadamente cuatro millones de trabajadores afiliados en la república, apuntó que por la relevancia del tema, que están planteando ante el Poder Judicial, se encaminan para que el máximo tribunal del país lo atraiga.
El tip: El Presidente ofreció destinar más de 900 millones de dólares para la implementación de la Reforma Laboral en los próximos cuatro años, con el fin de avanzar en la ratificación del T-Mec.

En entrevista con La Razón, precisó que, en total, contra la Ley Federal del Trabajo, los sindicatos afiliados a la CTM presentaron 600 recursos; mientras que para impugnar la revisión de los contratos colectivos registraron 270.


“Por ser un buen número de recursos y por ser un asunto que es peligroso hasta para la economía del país, porque muchas disposiciones hasta podrían espantar la inversión, el asunto es importante; consideramos que sí, que la Suprema Corte va a atraer en su momento todo el paquete; así se sienta la jurisprudencia cuando la Suprema Corte resuelva cinco en un mismo sentido”, indicó.

Celorio precisó que hasta el momento han obtenido 30 suspensiones definitivas en lo que corresponde a la Reforma Laboral —10 en Jalisco, cuatro en San Luis Potosí, dos en Tamaulipas, dos en Baja California Sur y 12 en Chihuahua—, las cuales son previas al amparo, pero indicó que todavía no han tenido avances en lo que corresponde a sus recursos en contra de los Contratos Colectivos de Trabajo, cuyo protocolo no cumplirán hasta que se resuelva el tema en el Poder Judicial.

Refirió que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) está presentando las impugnaciones respectivas a las suspensiones definitivas que ha ganado la CTM y, a su vez, ellos también seguirán la misma ruta en los casos que les rechacen.

Detalló que todos los recursos que interpusieron están concentrados en el Juzgado Segundo de Distrito, mientras que para los procedimientos de revisión se asignó el Tribunal Colegiado 16.


“No estamos de acuerdo en que (el voto) sea directo, el problema es que los trabajadores tengan que concentrarse en la sede del sindicato de la empresa para tomar decisiones”
Ángel Celorio / Jurídico de la CTM



El jurídico cetemista puntualizó que la organización gremial no está en contra de la Reforma Laboral y recordó que, incluso, el secretario general de la central obrera, Carlos Aceves del Olmo, votó a favor en el Senado, pero no comparten lo que respecta a la injerencia laboral, pues va en contra de las disposiciones en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y tampoco la retroactividad de la revisión de los contratos colectivos.

“Estamos combatiendo los artículos que tienen la injerencia en la vida de los sindicatos. Nosotros no estamos en contra de la elección abierta, libre y democrática para que haya cambios de directivas, pero no estamos de acuerdo en que sea directo, como dice la ley, porque no hay fundamento en ningún lado para que se hable de voto directo; y luego el problema del voto directo es que los trabajadores tengan que concentrarse en la sede del sindicato de la empresa para tomar decisiones



“El voto indirecto ha venido funcionando muy bien, en el que una sección estatal o regional elige a un delegado, el cual viene a la sede del sindicato a las elecciones o a la revisión de los contratos colectivos. Entonces, libertad sindical, la no injerencia de la autoridad, la rendición de cuentas a los trabajadores, por supuesto que lo hacemos, pero no al Centro de Conciliación o los tribunales; nada más es a los trabajadores”, comentó.

Celorio agregó que mantienen la expectativa de que el tema pueda solucionarse en el Senado, donde el compromiso era que se revisarían las observaciones hechas a través del Parlamento abierto, por lo que dijo que esperan presentar una iniciativa de ley para modificar la legislación laboral.

El 29 de abril pasado, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la llamada Reforma Laboral, que promueve la libertad sindical y la negociación colectiva, misma que fue turnada al Ejecutivo federal para su publicación.

En los artículos transitorios se establece un plazo de 180 días para expedir la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, después de que entren en vigor los cambios realizados.
El dato: Según el artículo 358, la elección de directivas de sindicatos deberá ser por voto personal, libre, directo y secreto, por un periodo no indefinido. 

Éste será el encargado de dar solución a las polémicas que puedan suscitarse entre patrones y trabajadores, sindicatos y empleados o entre sindicatos; además de fungir como el órgano nacional que regule los reglamentos internos de trabajo, contratos colectivos, contratos-ley y organizaciones sindicales.

Uno de los cambios principales de la Reforma Laboral es que las Juntas de Conciliación y Arbitraje ceden sus facultades al Poder Judicial.


Senado añade 4,415 millones de pesos a la Ley de Ingresos del 2020

Portada de El Economista (México)

Senado añade 4,415 millones de pesos a la Ley de Ingresos del 2020


El Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el 2020, las cuales generaron que se ajustara al alza la previsión de recursos que obtendrá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para el próximo año.

Alrededor de las 5:30 de la mañana del viernes pasado, tras críticas de la oposición, quedó aprobado en lo general y lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la LIF 2020, con 51 votos a favor, 17 en contra y seis abstenciones. Se remitió a la Cámara de Diputados.

En su momento, la senadora Minerva Hernández, del PAN, argumentó que: “La Ley de ingresos que estamos por votar no representa responsabilidad hacendaria y afectará la sostenibilidad de las finanzas públicas, simplemente porque parte de asumir como cierto un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2% para el próximo año, cuando desde febrero cada mes observamos una contradicción en la economía que dejará al PIB de este año en medio punto porcentual (...) Ni en la Ley de Ingresos ni en la Miscelánea Fiscal se están incorporando medidas contracíclicas, ante la desaceleración económica. México no necesita, de este gobierno, medidas de austeridad ni políticas fiscales abusivas y arbitrarias, lo que necesitamos es que apliquen la política económica que tanto reclamaron cuando buscaban ser gobierno: un desarrollo económico justo y para todos”.

En total, los senadores estimaron 4,415 millones de pesos más a lo aprobado por la Cámara de Diputados, aún con la modificación a la baja en el apartado de derechos, tras eliminarse el cobro de agua a campesinos y ejidatarios —que se estimó en una recaudación de 585 millones de pesos— y modificar las tarifas a los derechos migratorios.

Si bien en la parte de derechos hubo un ajuste a la baja, en la de aprovechamientos los senadores aprobaron ingresos por 103,674 millones de pesos, 5,000 millones más que lo aprobado en el pleno de San Lázaro.

La LIF 2020 prevé que el gobierno obtenga recursos por un total de 6 billones 107,732 millones de pesos, lo que supone 11,396 millones de pesos más respecto a la propuesta que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en septiembre pasado. La diferencia se obtiene de sumar los 6,981 pesos adicionales aprobados por los diputados a los 4,415 millones aprobados por los senadores.

Durante las más de 15 horas de discusión de los cuatro dictámenes que mandó San Lázaro, los senadores votaron a favor de eliminar el artículo transitorio que buscaba legalizar los llamados autos chocolate, una de las principales quejas de la industria automotriz.

Horas antes, los legisladores de la Cámara Alta aprobaron la Miscelánea Fiscal con 61 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones.
Autos chocolate quedan fuera

Una de las grandes críticas a la Ley de ingresos, además del cobro de agua a campesinos fue un artículo transitorio aprobado en la Cámara Baja, en donde se buscaba legalizar los denominados autos chocolate. En el Senado, una de las reservas a la LIF fue eliminar esta modificación.

Otro de los cambios fue un transitorio a la LIF para que los adeudos al IMSS, a cargo de las entidades federativas, sean regularizados mediante un convenio de pago a parcialidades.

“Derivado de la situación financiera por la que actualmente atraviesan diversas entidades y municipios, y más ahora que les pegamos con la Ley Minera, existen múltiples casos en los que han omitido el pago oportuno de cuotas al IMSS (...) Se considera necesario que dicha situación sea atendida previendo, a través de una disposición transitoria en la LIF, que en los adeudos a cargo de las entidades sean regularizados mediante el siguiente convenio de pago, máximo a seis años, que prevé el pago de dichas obligaciones, sea cubierto con cargo a las participaciones y transferencias federales de las entidades, con lo que se mitigarán las contingencias fiscales y penales a las que se enfrentan dichas entidades y dichos municipios”, explicó el senador del PT Miguel Ángel Lucero, quien presentó la reserva.

Respecto a la Miscelánea Fiscal, las reservas que se aprobaron fueron respecto a ejidos y comunidades agrícolas, economía digital y responsabilidad solidaria. En el primer caso, se eliminaron candados para que ejidatarios y comuneros puedan aplicar a los beneficios para reducir el ISR.

Sobre la economía digital, las reservas presentadas fueron para reducir la tasa de retención del ISR a estas plataformas a 4.5%, desde 15% propuesto en la minuta, además de obligar al SAT a emitir las reglas desde enero para que las plataformas puedan prepararse con tiempo.

En lo que respecta a la responsabilidad solidaria, se aprobó dejar fuera a directores generales, gerencia general y a la administración única de personas morales.
Contribuyentes aportarán 57%

De acuerdo con lo aprobado por la Cámara Alta, los contribuyentes aportarán 57% de los ingresos totales del gobierno para el 2020. El porcentaje se mantiene respecto a lo que se espera aporten los causantes este año.

De los más de 6.1 billones de pesos aprobados por el Senado, 3 billones 505,822 millones de pesos se obtendrán a través del pago de impuestos de los contribuyentes. Esta cifra es 2.7% mayor, en términos reales, a lo aprobado para este año, de 3 billones 311,373 millones de pesos.

El ISR será, una vez más, el impuesto por el cual el gobierno espera mayores ingresos el próximo año. En total, se espera una recaudación de 1 billón 852,852 millones de pesos, 2.5% más que lo estimado para este 2019.

Respecto al IVA, prevén ingresos por 1 billón 7,546 millones de pesos, 1.8% menor a lo aprobado para este año, mientras que por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se espera una recaudación de 515,733 millones de pesos, 14.2% mayor a la de este año. En tanto, por comercio exterior se prevé recaudar 70,984 millones de pesos, menor en 2% a lo estimado para el 2019.

Lo restante se prevé obtener por accesorios de impuestos y el impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos.

Al cierre de agosto de este año, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria, existen 75.7 millones de contribuyentes inscritos.
LIF 2020 garantiza continuidad de estabilidad macro: Banxico

Para el subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel, la ley de ingresos tal y como fue aprobada es garantía de que continuará la estabilidad macroeconómica en el país.

Entrevistado en el marco del Encuentro Fincluye, organizado por Citibanamex, el funcionario calificó de muy positivo el que se haya aprobado parte del Paquete Económico 2020, y consideró que está bien planteado y registra una política fiscal prudente, “que creo que es lo que se requiere”.

De igual forma, destacó el que se hayan cancelado iniciativas como la que planteaba la regularización de los llamados autos chocolate.

“Creo que hubo modificaciones importantes útiles. Una de las más importantes es que se haya cancelado la legalización de los autos chocolate. Creo que eso hubiera sido dañino para el país y creo que, en ese sentido, es importante que se haya cancelado”, enfatizó.
Desafortunado, el impuesto al ahorro

Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, lamentó por su parte que se haya mantenido el incremento del impuesto al ahorro.

En entrevista, señaló, sin embargo, que “hay la esperanza de que en la reglamentación se haga algo que no trae la ley de ingresos, que es en el tema de retención para el ahorro que puedan incluir las cuentas de inversión”. (Con información de Edgar Juárez)


'Para revertir el freno de la economía, gasto público


Portada de La Jornada (México)

Foto

-Roberto González Amador

El gobierno federal echará mano del gasto público para revertir el freno de la economía. Lo hará por dos vías: adelantar los procesos para el inicio de obras de infraestructura y con el estímulo al consumo entre la población de menor ingreso, describe el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez.

Atribuye a factores principalmente externos la desaceleración de meses recientes y reconoce como altamente preocupantes las cifras sobre el desplome de la construcción, sector que refleja el estado de la actividad productiva del país.

Herrera Gutiérrez, titular de la dependencia desde el 9 de julio pasado, rechaza el planteamiento de que la economía sea la parte más débil de la Cuarta Transformación (4T), como el presidente Andrés Manuel López Obrador ha definido al actual gobierno.

En entrevista con La Jornada, no acepta que medidas tomadas por el actual gobierno, como la política de austeridad o el retraso en el gasto del presupuesto, hayan contribuido al estancamiento económico. Se han dado, señala, algunos temas que no explicamos.

Concede una probabilidad de entre 65 y 75 por ciento a que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituirá al vigente TLCAN, será ratificado por el Congreso estadunidense antes de finalizar noviembre.

–El miércoles fue dado a conocer el dato de que la construcción acumuló 14 meses de caída. Un día después, la SHCP anunció un plan para adelantar la licitación de obras de infraestructura. ¿Cómo relaciona la coyuntura con el anuncio?

–Es, precisamente, un tema de coyuntura. Hay que diferenciar la tendencia del ciclo. La tendencia de la economía mexicana desde hace 30 años es de un crecimiento de alrededor de 2.4 por ciento al año. Sobre esa tendencia hay periodos de expansión mayor y otros de desaceleración. Ahora, existe un proceso de desaceleración sincronizada en el mundo. Están así 18 de las 19 economías más importantes. Lo que hemos hecho es identificar el elemento cíclico, coyuntural, para utilizar instrumentos que incidan en ese ciclo.

Lo que estamos haciendo, y hacia allá va el anuncio (del miércoles pasado), es utilizar el gasto y adelantar las licitaciones. Aunque ese gasto, en sentido estricto, se va a realizar en enero, al hacerse las licitaciones, las empresas que obtengan algún contrato van a empezar a contratar trabajadores, a comprar asfalto y maquinaria desde ahora. Es, precisamente, para efectuar un contraste en el ciclo.

Buscar el estímulo a través de adelantar licitaciones de infraestructura tiene sentido por la relevancia de la construcción en la actividad económica que, explica Herrera, se mueve antes que otros indicadores. Para nosotros es altamente preocupante si en cualquier momento la construcción comienza a moverse en el sentido que lo ha hecho.

Son dos acciones específicas las que el gobierno federal ha puesto en marcha para reactivar la construcción: anticipar licitaciones para proyectos, con inversiones por 8 mil 700 millones de pesos, e identificar cinco concesiones a las que se ampliará el plazo y, por tanto, los concesionarios aumentarán sus inversiones en ellas. Ambas, dice, apuntan en la misma dirección: asegurarnos de que estamos dando, a través de las acciones del gobierno, un impulso al sector de infraestructura.

Contexto incierto

–¿Qué dice de la economía mexicana el desempeño de la construcción y, en general, la infraestructura?

–México está en un contexto incierto a escala internacional. Para 19 de las 18 economías más importantes se revisó a la baja la previsión de actividad económica en relación con los que tenían en enero. Cuando hay un periodo de incertidumbre, el tipo de gasto que primero se frena es en bienes durables, construcción o capital. Lo que nosotros hicimos fue reconocer el momento del ciclo en que nos encontrábamos para empezar a adoptar medidas.

–¿Era posible hacerlo antes, o por qué hasta este momento?

–No era secretario de Hacienda antes.

–Los primeros anuncios fueron en julio.

–Yo tenía tres semanas de ser secretario.

Además de la infraestructura, otra acción para estimular la actividad económica está relacionada con apoyar desde la banca de desarrollo créditos al consumo, que es la otra variable, junto con la construcción, que normalmente se desacelera en el ciclo.

Una de más largo plazo es el inventario de proyectos de infraestructura hecho por el sector privado y que será anunciado en los siguientes días. Están pensados para ayudar al país en el largo plazo, pero en la medida en que son implementados apoyan en el corto plazo, en la coyuntura.

Detalla que ha estado trabajando con grupos del sector privado, que han empezado a clasificar esos proyectos en tres grupos:

Obras de infraestructura que son rentables por sí mismas y lo único que requieren es una concesión o aprobación del gobierno; en estos casos el sector privado aporta los recursos.

El segundo son aquellos no rentables completamente y que requieren alguna garantía o un contrato de asociación pública-privada, y el tercero son aquellos rentables socialmente, que son muy importantes para el país o para una comunidad pero no se pagan solos y serán realizados con recursos públicos.

Nos estamos poniendo de acuerdo con ellos en la secuencia, y cuando hagamos el anuncio oficial será con proyectos muy específicos. Eso es lo que se tiene que hacer en una coyuntura como esta.

–Habló del contexto externo. ¿Cuáles identifica como los factores internos que han llevado a la situación actual de la economía?

–Hay una parte cíclica y ahí el tema externo pesa mucho, como el de los conflictos internacionales, sobre todo el de China y Estados Unidos o el Brexit, en los que poco podemos hacer nosotros. Hay otro tema de economía internacional que va a ser el que probablemente va a jugar más para nosotros, que es la ratificación del T-MEC. Si se firma, probablemente será uno de los mayores elementos que impulsarían la economía. Vemos una probabilidad de entre 65 a 75 por ciento de que se ratificará antes de finalizar noviembre. Otro elemento que va a empezar a operar ya, de manera muy importante, es que cuando hay procesos de desaceleración se da una disminución del consumo en la base de la pirámide, y si el estímulo va a la base de la pirámide tiene mayor impacto. Estamos dando ese estímulo a través de los programas sociales.

▲ Es necesaria una política explícita para revertir el ciclo económico, afirma Arturo Herrera.Foto Luis Castillo

–¿En la situación de la economía tuvo algún impacto el retraso en el ejercicio del gasto público?

–No hay necesariamente un retraso en el sentido que ha sido planteado en los medios. Existe un problema de programación que parecía menor y ha tenido más impacto mediático que real. Un ejemplo muy claro: la nómina parecería que se paga en doceavas partes, 24 quincenas. El hecho es que en diciembre se pagan 40 días adicionales de aguinaldo. Como las secretarías lo programaron en doceavas partes, claramente va a aparecer un subejercicio técnico en los primeros 11 meses, hasta que llegue el aguinaldo.

–Entonces, según lo que dice, ¿no ha habido por parte del gobierno decisiones políticas que hayan contribuido a esta situación de estancamiento, sino es, básicamente, por cuestiones externas?

–Sí. Creo que no explicamos algunos temas. Por ejemplo, cuando se hablaba de la política de austeridad, ésta no era la disminución de renglones de gastos para ahorrarnos. Era gasto que se llevaba a otro renglón. Si hubo una disminución en los salarios de los funcionarios altos, se fue a los salarios de los funcionarios de menor rango o a los programas sociales, lo cual también es gasto.

–¿Cuál es el margen para mantener el equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, generar estímulo a la actividad económica con gasto público?

–Nos interesa mucho dejar claro por qué queremos ser muy cuidadosos con las variables fiscales. Otras economías en una coyuntura como ésta generan el estímulo a través de aumentar el déficit, con endeudamiento. No necesariamente eso es malo. Es lo que la receta keynesiana tradicional indicaría. Para México esta posibilidad ya se agotó. La deuda pasó de 28 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2008 a 49 por ciento en 2016. No tenemos ese espacio. La tarjeta de crédito llegó a su tope.

En este punto, adelanta: además del estímulo económico por medio de infraestructura y consumo, es necesario diseñar una política explícita para, cuando es el caso, emprender acciones para revertir el ciclo económico.

Tenemos que crear un fondo, con reglas muy claras, para utilizar sus recursos cuando la economía se desacelere y generar ahorros cuando la economía se acelere. Lo que llama las semillas de ese fondo ya existen, asegura. Se trata del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, creado con recursos generados cuando el petróleo tiene precio mayor al previsto en el presupuesto.

Sostiene que la parte técnica para crear ese fondo ya va muy avanzada. Pero, agrega, su equipo en la SHCP lo convenció de que antes de hacer la propuesta legal para crearlo es importante conversarlo con legisladores, convencerlos de que es un mecanismo para suavizar el ciclo y no para permitir abusos del gobierno; también hablarlo con analistas económicos, organismos financieros internacionales y calificadoras.

Un mecanismo bien entendido y bien diseñado en ese sentido va a disminuir los riesgos crediticios del país y nos dimos cuenta de que no bastaba nada más tenerlo diseñado bien, sino socializarlo bien.

–¿Qué responde cuando se afirma que la economía es la parte más débil de la 4T?

–Tendría que ser muy débil la 4T para afectar no solamente la economía mexicana, sino la de Reino Unido, Francia, Japón o Argentina. Estamos viendo desaceleración en la mayor parte del mundo. En segundo lugar, Hacienda ha venido refinando y fortaleciendo la forma de ejercer las finanzas públicas. Se nos olvida qué pasaba en México en periodos de recesión. Había devaluaciones, desempleo, etcétera. Es necesario ver lo que pasó en 1982, 1986, 1995, 2000 y 2008. Nosotros tenemos que estar listos a reaccionar a esto, pero tenemos que tener claro que el ciclo económico es parte de la naturaleza de la economía y lo tenemos que incorporar a la forma del diseño de la economía. Ha habido seis recesiones en 44 años, más o menos una cada siete u ocho años. Si no le toca a la administración anterior, le toca a la siguiente. El país tiene que estar listo no nada más para aumentar la tasa de crecimiento en el largo plazo, sino para tener instrumentos que le permitan suavizar los efectos del ciclo.

–Hay una evidente necesidad de recursos para atender necesidades de gasto y programas sociales. ¿Considera que debería iniciarse la discusión de una reforma fiscal?

–Esa discusión, más allá de si hubo banderazo de salida o no, ya se está dando. Basta ver las discusiones que se han dado en torno al paquete económico. Los mecanismos para aumentar la recaudación son de dos tipos: los que tienen que ver con una reforma tributaria, con el cambio o de los impuestos, y con dar instrumentos al gobierno para que recaude de mejor manera lo que tiene autorizado. Estos segundos están en muchos elementos de la miscelánea fiscal propuesta para 2020, como la ley contra las empresas que emiten facturas falsas, los mecanismos para recaudar los impuestos a la economía digital o el articulado que obliga a las compañías a que reporten su planeación fiscal para determinar si es legal o no.

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