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| Píe de Foto: Senadoras y feministas en la presentación del Informe. |
Margarita Jasso y Arturo Ramos
Una esperanza más “y muy fuerte” se ha abierto por la gran marea lopezobradorista: que el aborto sea despenalizado muy pronto a nivel nacional.
La confianza está allí, según expresan Laura Magaloni, del equipo de transición de Claudia Sheimbaun; senadoras de Morena; Patricia Mercado (Movimiento Ciudadano); Martha Lamas, entre otros, pues con 19 congresos locales y el Congreso de la Unión dominados por Morena, con dos figuras progresistas en derechos reproductivos como Olga Sánchez Cordero y Jorge Alcocer, además de estudios con resultados tajantes sobre la injusticia que está produciendo la penalización entre mujeres marginadas, la medida debe lograrse como parte de la ola de transformación prometida e incluso alcanzar a la propia Constitución.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la ONG con los trabajos más de fondo sobre este tema, presentó en el Instituto de Jurídicas de la UNAM su estudio Maternidad o Castigo, la criminalización del aborto en México.
Ante abogados que defienden a presas por delito de aborto, las feministas y legisladoras ya mencionadas, Regina Tamés, la directora ejecutiva de GIRE, resumió la aspiración asociada al triunfo de Andrés Manuel López Obrador al decir “el mensaje que queremos mandar es que mientras no se despenalice el delito de aborto, historias de terror van a continuar”.
Su señalamiento hizo referencia a casos que se fueron narrando, en boca de los ponentes, sobre mujeres que llegaron a hospitales buscando atención médica ante un aborto espontáneo o un parto con malos resultados y se encontraron inmediatamente sumergidas en una maquinaria penal donde los médicos denuncian y las mujeres, al ser pobres y sin acceso a información reproductiva, terminan presas por décadas.
Invisibilidad absoluta. Con 900 solicitudes de información a las autoridades estatales, sólo cuatro respondieron con información detallada, las demás ni siquiera saben qué hicieron con las mujeres que acusaron del delito de abortar. Pero esas pocas historias que se destaparon en esta revisión son, en verdad, de horror.
En cuanto a la confianza en que el aborto podrá despenalizarse a nivel nacional en la administración lopezobradorista, quienes participaron en la presentación de Embarazo o castigo, no matizaron en exceso esa expectativa por algún temor a que el Presidente Electo o alguna parte de su círculo cercano vea estos temas desde una óptica neoconservadora o termine enviándola a una consulta abierta a toda la población (poner a votación el derecho de las mujeres):
—¿Ve riesgos de que haya conservadurismo dentro de esta ola de entusiasmo lopezobradorista? –se le preguntó a Ana Laura Magaloni.
—Yo todavía no los veo. Por mi experiencia en la Asamblea Constituyente, sé que hay un grupo de mujeres dentro de Morena que abrazan este tema con mucha pasión
—¿Y con la decisión de pelearlo?
—Sí, claro.
Por separado, también consultada por Crónica, la coordinadora de Investigaciones de GIRE, Isabel Fulda, profundizó en el tema:
“Sí que lo hemos platicado mucho y esto podría ser una gran oportunidad de cambios sociales y políticos. Nuestra preocupación es que los temas de derechos de las mujeres se pierdan en esta emoción por los grandes cambios de la nueva administración”, dijo, “no es un tema menor que concierne sólo a ciertas mujeres, es un tema de desigualdad, de injusticia, de corrupción e impunidad. Estamos esperando que la nueva administración, los congresos locales, lo vean de esta manera”.
—¿Ve condiciones para lograr esto ahora?
—Ya sabemos que la exministra Sánchez Cordero es una gran aliada de las mujeres y fue una voz muy importante en los debates sobre el aborto. Hemos tenido conversaciones importantes con ella, y hoy en esta presentación hay legisladoras no sólo de Morena, también de otros partidos que han sido aliadas y sabemos que lo seguirán siendo durante la próxima Legislatura. Tenemos la esperanza de que esto se pueda convertir en temas reales.
—¿Hay riesgo de que dentro de la gran ola del lopezobradorismo surja algún conservadurismo en torno al tema del aborto?
—Creo que algo que se habló mucho dentro del discurso del Presidente Electo es aquello de pasar los derechos a consulta. Como que pareciera que hay un compromiso con mecanismos de democracia participativa directa, lo que puede ser bueno para ciertas cuestiones, pero no así en otras. Esto es algo que ya en la última etapa de su campaña dejó de decir. Podría ser un riesgo que este gran movimiento popular nos lleve a algo que, además, no existe constitucionalmente: someter derechos a consulta.
El informe Maternidad o castigo tiene abiertamente la misión de hacer visible el problema de la penalización del aborto y hacerlo desde este momento.
Durante la presentación se dejó en claro además que no es cuestión de números, sino de incesantes casos de mujeres que por no tener una defensa ni dinero para ella o para el soborno, han sido encarceladas, tratadas como delincuentes y hasta extorsionadas por sus propios agresores.
“México está atrapado en su sistema penal. Las cárceles están llenas de personas inocentes que tuvieron la mala suerte de no tener dinero para sobornos o para pagarle a un buen abogado”, lamenta José Luis Gutiérrez, de AsíLEGAL, ONG enfocada a los derechos humanos y que no trata directamente el tema del aborto, sino que se encontró este drama al trabajar con población penitenciaria.
PÁGALE A QUIEN TE ABANDONÓ EN EL EMBARAZO.
Son historias de horror. Basta con conocer la de Diana, una joven de 23 años que vive en Morelos, y que tras enterarse que estaba embarazada, le comentó a su pareja. Él le negó cualquier tipo de apoyo y la amenazó con dejarla si no se practicaba un aborto. A pesar de que ella continuó con su decisión de ser madre, a las pocas semanas sintió un malestar, fue al sanitario y ahí se dio cuenta de una hemorragia vaginal.
Al llamar a emergencias, los paramédicos llegaron a su hogar, la llevaron al hospital y le notificaron que había tenido un aborto. Los directivos del hospital, avisaron a la seguridad local para que tomaran su declaración ministerial y sin darle la oportunidad de tener un abogado defensor, la llevaron detenida.
Para poder ser liberada, tuvo que pagar una fianza de 700 mil pesos, y hasta su pareja, quien al inicio rechazó su rol de paternidad, terminó pidiendo una remuneración por reparación de daños. El hombre ganó el caso y recibió un pago.
Carmina de 18 años, habitante de Chihuahua, también vivió un infierno cuando se enteró de que estaba embarazada y por temor a los regaños de sus padres, ingirió una pastilla de misoprostol, conocida por inducir el aborto. Horas más tarde, presentó una hemorragia y acudió al Hospital General para atención médica, pero fue trasladada al Centro Materno, donde fue interceptada por policías ministeriales que sacaron a la joven del lugar a empujones.
La retuvieron por más de tres horas y le exigieron una fianza de diez mil pesos. Tras quedar liberada, las autoridades locales no le notificaron que el proceso penal seguía abierto ni se les dio un comprobante de pago por la fianza.
Estos casos fueron acompañados por Gire, organismo que solicitó a las 32 entidades federativas información sobre los casos de jóvenes violentadas por aborto, pero sólo cuatro estados respondieron a la solicitud.
El informe también recoge los resultados de la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad 2016, realizada por el INEGI, en donde se reveló que el 52.1 por ciento de las mujeres detenidas por cualquier delito acusó que el Ministerio Público que las interrogó no se identificó como autoridad; mientras que al 38 por ciento no se le dijo de qué lo acusaban, lo que demuestra una violación más en el derecho de las mujeres.
“Muchos dicen que se está atendiendo esto mediante penas alternas o mandando a la mujer a terapia, que ellas reconsideren lo que hicieron y otorgarles el perdón“, sentenció Regina Tamés (GIRE) durante la presentación, pero no se puede no criminalizar en tanto siga estando la figura del aborto como un delito”.
El perseguir a las mujeres, agregó, tratarlas como criminales cuando vienen de un contexto de violencia y alta marginación, las hace perder parte de su vida en prisión, “incluso cuando no existe ninguna prueba en su contra, a veces con un testimonio que es sacado bajo condiciones coercitivas”.
El trasfondo de todo: derechos muy limitados para amplios grupos de mujeres y una sociedad en la que, según cifras de encuestas oficiales, 60 por ciento de la población sigue pensando que la mujer debe ser necesariamente madre, una percepción cultural, pero es reafirmada por las instituciones.
Este problema se agudiza, señala el informe, ya que no sólo se criminalizan por aborto estos casos, sino por homicidio en razón de parentesco e infanticidio, los cuales tienen penas mucho mayores; es decir, se está persiguiendo a mujeres que tienen abortos espontáneos, mujeres que no sabían que estaban embarazadas y partos fortuitos, un panorama mucho más aterrador que lo que se ve en el tema del aborto en síh.
Para Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, el mayor problema es que no sólo se tiene que perseguir una despenalización del aborto, sino también su legalización, pues si no seguiría existiendo unPhueco legal para la criminalización y violación de los derechos de las mujeres.
Al preguntarle si esta legalización debería de incluirse en el proyecto del Código Penal único, que podría concretarse en el país tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, Mercado respondió afirmativamente.
Coincidió además con la visión de que una consulta pública no sería adecuada para el tema del aborto, ya que en el debate están inmiscuidas posturas religiosas, conservadoras e incluso personales, y se unió a la confianza de que en el próximo gobierno la decisión en pro del aborto será generalizada, tan sólo por las personas de izquierda que acompañarán a López Obrador en su gestión.
En el evento, los ponentes señalaron que la asimetría de los códigos penales provoca que interrumpir el embarazo antes de 12 semanas o por malformación genética del producto sea perseguido, en ocasiones draconianamente en un punto del territorio, en tanto que en la Ciudad de México es legal.
Mientras el debate continúa, y seguramente seguirá vigente hasta el momento en que llegue al poder el nuevo gobierno, lo cierto es que cada vez suenan más fuerte las voces que exigen un trato nuevo al tema del aborto, orientado al respeto del derecho de las mujeres y a dejar atrás leyes basadas en prejuicios.
MARCO NORMATIVO Y ESTRATEGIAS PARA MEJORARLO
La existencia de códigos penales que tratan con excesiva diferencia el tema del aborto “es una abierta violación al principio de igualdad jurídica”, señaló el doctor Pedro Salazar (IIJ-UNAM) en torno al cuadro normativo vigente. “La lógica que debería seguir la homologación normativa es necesariamente la de un principio de normatividad, es decir aquella lógica que amplía la esfera de protección de derechos de todas las mujeres; es completamente equivocado que el federalismo no sea para diferenciar políticas públicas sino para dar un trato desigual a las mujeres en materia de derechos”. El jurista señaló que no le cabe duda de que lo que existe en la Ciudad de México debería expandirse al resto del territorio.
En la relatoría de Salazar se incluyó una imagen de lo que esto significa: si en Morelos una mujer aborta se enfrentará a una de las legislaciones más draconianamente conservadoras del país. Si lo mismo hubiera ocurrido unos cuantos kilómetros más adelante, en la Ciudad de México, el caso no sería punible.
TRES ESTRATEGIAS (QUE SON CUATRO)
La despenalización del aborto en México se ha intentado por al menos tres vías (a la que se suma una cuarta un tanto abandonada):
1.- Tratar de impulsar reformas en cada estado, ya que se trata de un tema de fuero local. No hay mucho éxito por esta vía, pues después de la despenalización en la Ciudad de México, muchos estados endurecieron su norma.
2.- Reforma constitucional. Eso terminaría de golpe con el debate y en todo el país estaría validada la interrupción justificada del embarazo o hacerlo antes de las 12 semanas. En este caso (como sucedió con el matrimonio de parejas del mismo sexo), suele despertarse a las voces más conservadoras que presentan una oposición férrea.
3.- Llevar casos a la Suprema Corte para que casos particulares dejen en claro el derecho de la mujer en este tema.
4.- Algo olvidado, el Código Penal Nacional que sustituiría a los 32 locales. Actualmente su borrador incluye la despenalización del aborto.
Lo que dice el borrador del Código penal Nacional (a imagen y semejanza del de la CDMX):
Capítulo V: Aborto:
Aborto es la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación. Para los efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio.
Se impondrá de uno a tres años de prisión, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar, después de que hayan transcurrido las primeras doce semanas de embarazo.
En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado.
La confianza está allí, según expresan Laura Magaloni, del equipo de transición de Claudia Sheimbaun; senadoras de Morena; Patricia Mercado (Movimiento Ciudadano); Martha Lamas, entre otros, pues con 19 congresos locales y el Congreso de la Unión dominados por Morena, con dos figuras progresistas en derechos reproductivos como Olga Sánchez Cordero y Jorge Alcocer, además de estudios con resultados tajantes sobre la injusticia que está produciendo la penalización entre mujeres marginadas, la medida debe lograrse como parte de la ola de transformación prometida e incluso alcanzar a la propia Constitución.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la ONG con los trabajos más de fondo sobre este tema, presentó en el Instituto de Jurídicas de la UNAM su estudio Maternidad o Castigo, la criminalización del aborto en México.
Ante abogados que defienden a presas por delito de aborto, las feministas y legisladoras ya mencionadas, Regina Tamés, la directora ejecutiva de GIRE, resumió la aspiración asociada al triunfo de Andrés Manuel López Obrador al decir “el mensaje que queremos mandar es que mientras no se despenalice el delito de aborto, historias de terror van a continuar”.
Su señalamiento hizo referencia a casos que se fueron narrando, en boca de los ponentes, sobre mujeres que llegaron a hospitales buscando atención médica ante un aborto espontáneo o un parto con malos resultados y se encontraron inmediatamente sumergidas en una maquinaria penal donde los médicos denuncian y las mujeres, al ser pobres y sin acceso a información reproductiva, terminan presas por décadas.
Invisibilidad absoluta. Con 900 solicitudes de información a las autoridades estatales, sólo cuatro respondieron con información detallada, las demás ni siquiera saben qué hicieron con las mujeres que acusaron del delito de abortar. Pero esas pocas historias que se destaparon en esta revisión son, en verdad, de horror.
En cuanto a la confianza en que el aborto podrá despenalizarse a nivel nacional en la administración lopezobradorista, quienes participaron en la presentación de Embarazo o castigo, no matizaron en exceso esa expectativa por algún temor a que el Presidente Electo o alguna parte de su círculo cercano vea estos temas desde una óptica neoconservadora o termine enviándola a una consulta abierta a toda la población (poner a votación el derecho de las mujeres):
—¿Ve riesgos de que haya conservadurismo dentro de esta ola de entusiasmo lopezobradorista? –se le preguntó a Ana Laura Magaloni.
—Yo todavía no los veo. Por mi experiencia en la Asamblea Constituyente, sé que hay un grupo de mujeres dentro de Morena que abrazan este tema con mucha pasión
—¿Y con la decisión de pelearlo?
—Sí, claro.
Por separado, también consultada por Crónica, la coordinadora de Investigaciones de GIRE, Isabel Fulda, profundizó en el tema:
“Sí que lo hemos platicado mucho y esto podría ser una gran oportunidad de cambios sociales y políticos. Nuestra preocupación es que los temas de derechos de las mujeres se pierdan en esta emoción por los grandes cambios de la nueva administración”, dijo, “no es un tema menor que concierne sólo a ciertas mujeres, es un tema de desigualdad, de injusticia, de corrupción e impunidad. Estamos esperando que la nueva administración, los congresos locales, lo vean de esta manera”.
—¿Ve condiciones para lograr esto ahora?
—Ya sabemos que la exministra Sánchez Cordero es una gran aliada de las mujeres y fue una voz muy importante en los debates sobre el aborto. Hemos tenido conversaciones importantes con ella, y hoy en esta presentación hay legisladoras no sólo de Morena, también de otros partidos que han sido aliadas y sabemos que lo seguirán siendo durante la próxima Legislatura. Tenemos la esperanza de que esto se pueda convertir en temas reales.
—¿Hay riesgo de que dentro de la gran ola del lopezobradorismo surja algún conservadurismo en torno al tema del aborto?
—Creo que algo que se habló mucho dentro del discurso del Presidente Electo es aquello de pasar los derechos a consulta. Como que pareciera que hay un compromiso con mecanismos de democracia participativa directa, lo que puede ser bueno para ciertas cuestiones, pero no así en otras. Esto es algo que ya en la última etapa de su campaña dejó de decir. Podría ser un riesgo que este gran movimiento popular nos lleve a algo que, además, no existe constitucionalmente: someter derechos a consulta.
El informe Maternidad o castigo tiene abiertamente la misión de hacer visible el problema de la penalización del aborto y hacerlo desde este momento.
Durante la presentación se dejó en claro además que no es cuestión de números, sino de incesantes casos de mujeres que por no tener una defensa ni dinero para ella o para el soborno, han sido encarceladas, tratadas como delincuentes y hasta extorsionadas por sus propios agresores.
“México está atrapado en su sistema penal. Las cárceles están llenas de personas inocentes que tuvieron la mala suerte de no tener dinero para sobornos o para pagarle a un buen abogado”, lamenta José Luis Gutiérrez, de AsíLEGAL, ONG enfocada a los derechos humanos y que no trata directamente el tema del aborto, sino que se encontró este drama al trabajar con población penitenciaria.
PÁGALE A QUIEN TE ABANDONÓ EN EL EMBARAZO.
Son historias de horror. Basta con conocer la de Diana, una joven de 23 años que vive en Morelos, y que tras enterarse que estaba embarazada, le comentó a su pareja. Él le negó cualquier tipo de apoyo y la amenazó con dejarla si no se practicaba un aborto. A pesar de que ella continuó con su decisión de ser madre, a las pocas semanas sintió un malestar, fue al sanitario y ahí se dio cuenta de una hemorragia vaginal.
Al llamar a emergencias, los paramédicos llegaron a su hogar, la llevaron al hospital y le notificaron que había tenido un aborto. Los directivos del hospital, avisaron a la seguridad local para que tomaran su declaración ministerial y sin darle la oportunidad de tener un abogado defensor, la llevaron detenida.
Para poder ser liberada, tuvo que pagar una fianza de 700 mil pesos, y hasta su pareja, quien al inicio rechazó su rol de paternidad, terminó pidiendo una remuneración por reparación de daños. El hombre ganó el caso y recibió un pago.
Carmina de 18 años, habitante de Chihuahua, también vivió un infierno cuando se enteró de que estaba embarazada y por temor a los regaños de sus padres, ingirió una pastilla de misoprostol, conocida por inducir el aborto. Horas más tarde, presentó una hemorragia y acudió al Hospital General para atención médica, pero fue trasladada al Centro Materno, donde fue interceptada por policías ministeriales que sacaron a la joven del lugar a empujones.
La retuvieron por más de tres horas y le exigieron una fianza de diez mil pesos. Tras quedar liberada, las autoridades locales no le notificaron que el proceso penal seguía abierto ni se les dio un comprobante de pago por la fianza.
Estos casos fueron acompañados por Gire, organismo que solicitó a las 32 entidades federativas información sobre los casos de jóvenes violentadas por aborto, pero sólo cuatro estados respondieron a la solicitud.
El informe también recoge los resultados de la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad 2016, realizada por el INEGI, en donde se reveló que el 52.1 por ciento de las mujeres detenidas por cualquier delito acusó que el Ministerio Público que las interrogó no se identificó como autoridad; mientras que al 38 por ciento no se le dijo de qué lo acusaban, lo que demuestra una violación más en el derecho de las mujeres.
“Muchos dicen que se está atendiendo esto mediante penas alternas o mandando a la mujer a terapia, que ellas reconsideren lo que hicieron y otorgarles el perdón“, sentenció Regina Tamés (GIRE) durante la presentación, pero no se puede no criminalizar en tanto siga estando la figura del aborto como un delito”.
El perseguir a las mujeres, agregó, tratarlas como criminales cuando vienen de un contexto de violencia y alta marginación, las hace perder parte de su vida en prisión, “incluso cuando no existe ninguna prueba en su contra, a veces con un testimonio que es sacado bajo condiciones coercitivas”.
El trasfondo de todo: derechos muy limitados para amplios grupos de mujeres y una sociedad en la que, según cifras de encuestas oficiales, 60 por ciento de la población sigue pensando que la mujer debe ser necesariamente madre, una percepción cultural, pero es reafirmada por las instituciones.
Este problema se agudiza, señala el informe, ya que no sólo se criminalizan por aborto estos casos, sino por homicidio en razón de parentesco e infanticidio, los cuales tienen penas mucho mayores; es decir, se está persiguiendo a mujeres que tienen abortos espontáneos, mujeres que no sabían que estaban embarazadas y partos fortuitos, un panorama mucho más aterrador que lo que se ve en el tema del aborto en síh.
Para Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, el mayor problema es que no sólo se tiene que perseguir una despenalización del aborto, sino también su legalización, pues si no seguiría existiendo unPhueco legal para la criminalización y violación de los derechos de las mujeres.
Al preguntarle si esta legalización debería de incluirse en el proyecto del Código Penal único, que podría concretarse en el país tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, Mercado respondió afirmativamente.
Coincidió además con la visión de que una consulta pública no sería adecuada para el tema del aborto, ya que en el debate están inmiscuidas posturas religiosas, conservadoras e incluso personales, y se unió a la confianza de que en el próximo gobierno la decisión en pro del aborto será generalizada, tan sólo por las personas de izquierda que acompañarán a López Obrador en su gestión.
En el evento, los ponentes señalaron que la asimetría de los códigos penales provoca que interrumpir el embarazo antes de 12 semanas o por malformación genética del producto sea perseguido, en ocasiones draconianamente en un punto del territorio, en tanto que en la Ciudad de México es legal.
Mientras el debate continúa, y seguramente seguirá vigente hasta el momento en que llegue al poder el nuevo gobierno, lo cierto es que cada vez suenan más fuerte las voces que exigen un trato nuevo al tema del aborto, orientado al respeto del derecho de las mujeres y a dejar atrás leyes basadas en prejuicios.
MARCO NORMATIVO Y ESTRATEGIAS PARA MEJORARLO
La existencia de códigos penales que tratan con excesiva diferencia el tema del aborto “es una abierta violación al principio de igualdad jurídica”, señaló el doctor Pedro Salazar (IIJ-UNAM) en torno al cuadro normativo vigente. “La lógica que debería seguir la homologación normativa es necesariamente la de un principio de normatividad, es decir aquella lógica que amplía la esfera de protección de derechos de todas las mujeres; es completamente equivocado que el federalismo no sea para diferenciar políticas públicas sino para dar un trato desigual a las mujeres en materia de derechos”. El jurista señaló que no le cabe duda de que lo que existe en la Ciudad de México debería expandirse al resto del territorio.
En la relatoría de Salazar se incluyó una imagen de lo que esto significa: si en Morelos una mujer aborta se enfrentará a una de las legislaciones más draconianamente conservadoras del país. Si lo mismo hubiera ocurrido unos cuantos kilómetros más adelante, en la Ciudad de México, el caso no sería punible.
TRES ESTRATEGIAS (QUE SON CUATRO)
La despenalización del aborto en México se ha intentado por al menos tres vías (a la que se suma una cuarta un tanto abandonada):
1.- Tratar de impulsar reformas en cada estado, ya que se trata de un tema de fuero local. No hay mucho éxito por esta vía, pues después de la despenalización en la Ciudad de México, muchos estados endurecieron su norma.
2.- Reforma constitucional. Eso terminaría de golpe con el debate y en todo el país estaría validada la interrupción justificada del embarazo o hacerlo antes de las 12 semanas. En este caso (como sucedió con el matrimonio de parejas del mismo sexo), suele despertarse a las voces más conservadoras que presentan una oposición férrea.
3.- Llevar casos a la Suprema Corte para que casos particulares dejen en claro el derecho de la mujer en este tema.
4.- Algo olvidado, el Código Penal Nacional que sustituiría a los 32 locales. Actualmente su borrador incluye la despenalización del aborto.
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Capítulo V: Aborto:
Aborto es la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación. Para los efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio.
Se impondrá de uno a tres años de prisión, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar, después de que hayan transcurrido las primeras doce semanas de embarazo.
En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado.
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