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| Un joven ondea una bandera en las inmediaciones del derrumbe de Álvaro Obregón. Foto Marco Peláez |
José Antonio Román
Ciudad de México. Ante la enorme corrupción existente en el ámbito gubernamental, la reconstrucción de las zonas devastadas por los sismos del 7 y 9 de septiembre -que implicaría una inversión al menos 38 mil millones de pesos-, no se puede dejar en manos de las autoridades, es necesaria la participación activa y vigilante de la sociedad civil.
Esta fue una de las conclusiones a las que llegó la mesa de análisis “Hacia una reconstrucción alternativa”, organizada por la Facultad de Economía de la UNAM, en la que se destacó que la solidaridad mostrada hasta ahora debe ahora trascender a un interés por preocuparse en el quehacer público e influir en el diseño de políticas públicas, a través de una mayor participación social.
Andrés Sánchez Pérez, catedrático de la Facultad de Economía, dijo que los reiterados escándalos de corrupción e impunidad en el gobierno, pero particularmente de la administración de Enrique Peña Nieto, obliga a no dejar en manos de las autoridades la tarea de la reconstrucción, pues seguramente repetirán el esquema utilizado hasta ahora con las mismas constructoras ligadas al gobierno, como el caso de Higa y OHL.
Las primeras estimaciones de algunos especialistas señalan que la reconstrucción costará al menos 38 mil millones de pesos, y han dicho que el hecho de que sea un 1 o 3 por ciento del Producto Interno Bruto necesariamente tendrá un efecto significativo en el crecimiento del país, que se verá limitados.
En tanto, Antonio Vital Galicia, integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica Política y Social de dicha facultad, dijo que los sismos recientes han demostrado que ante el tamaño de estas tragedias el Estado es rebasado en sus capacidades, y que la sociedad en su conjunto puede intervenir en la definición de las políticas públicas.
“Ya no basta la solidaridad mostrada y comprobada en estos momentos, ahora es necesaria la participación”, dijo el también integrante del Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos.
Explicó el proceso que se ha registrado durante los últimos 35 años en los que la distribución del ingreso en el país se ha ido concentrando paulatinamente, dejando a más de la mitad de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema. En este proceso, se ha dado una “política de privilegio” al sector privado, y un crecimiento de la burocracia política con ingresos insultantes.
Se refirió a los programas de apoyo a los damnificados anunciados por el Infonavit y el Fovissste. Propuso que a ellos deberían sumarse la condonación de los créditos a todos aquellos trabajadores que ya han pagado en los hechos, hasta dos veces su crédito y siguen debiéndolo, como resultado de una política que va en contra de los trabajadores.
Por su parte, la profesora María de Luz Arriaga, moderadora de la mesa, destacó la necesidad de contar con controles suficientes para supervisar el uso de las donaciones internacionales que ha recibido el país para atender la reconstrucción por los sismos, y que, según datos oficiales, son de 36 mil millones de dólares.
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La Jornada.